El juez Pablo Ruz descarta que el número 2 de Interior esté implicado en el chivatazo

El juez Pablo Ruz, titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha resuelto que las llamadas que Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, cruzó con el director de la Policía, Víctor García Hidalgo, el día del chivatazo (4 de mayo de 2006) y la noche previa no guardan relación con el mismo y, en consecuencia, descarta la implicación del número 2 de Interior en los hechos.

El magistrado ha llegado a esta conclusión tras recibir un informe ampliatorio del equipo que investigó la filtración, en el que explica que no incluyó las llamadas entre ambos altos cargos en sus informes por considerarlas “irrelevantes” y sin relación con los hechos. Ruz dice en su auto que las llamadas que cruzaron los tres imputados (el citado García Hidalgo, Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, y el inspector José María Ballesteros) están “íntimamente asociadas con los hechos que estaban ocurriendo, en una secuencia lógica de sucesos y llamadas”.

En cambio, las de Antonio Camacho y García Hidalgo fueron “esporádicas”, y en ellas no concurrían las circunstancias antes señaladas, “no pudiendo tampoco presumirse, con mínima solidez o rigor indiciario, que dichos contactos telefónicos no obedecieran o se ajustaran al normal proceder (…) en el ámbito de su relación orgánica y funcional, máxime cuando no se han acreditado a lo largo de la investigación otros elementos objetivos que coadyuven a sostener una hipótesis contraria”. A la vista de los hechos, Ruz rechaza tomar declaración al secretario de Estado como pedía la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular.

El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó el la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha quedado claro que Antonio Camacho "no tiene nada que ver" con el chivatazo. El ministro ha salido en defensa del "buen nombre" y el "honor" de su número que, dijo, "ha soportado todo tipo de calumnias e injurias" desde que el pasado martes se supiera que su móvil era investigado por el juez. "Voy a pedir a quienes le han injuriado, calumniado y difamado que simplemente pidan disculpas. Que reparen el honor, que creo que no es mucho, dado que es una persona honorable". Al ser preguntado por lo periodistas si ponía "la mano en el fuego" porque ningún miembro del PSOE o del ministerio hayan participado en el chivatazo se limitó a responder que respeta el trabajo de investigación de jueces y fiscales.

El magistrado rechaza archivar la causa

El magistrado desestima en otro auto sendos recursos presentados por Víctor García Hidalgo y Enrique Pamies. El ex director de la Policía solicitó el pasado 28 de enero el archivo de la causa por falta de pruebas. Ruz resuelve que el hecho de haber convertido lo que eran unas  diligencias previas en un sumario para continuar la investigación no supone “un pronunciamiento definitivo sobre las cuestiones debatidas a la vista de la fase procesal en la que nos encontramos”.

En el caso de Pamies, el juez le emplazó a que identificara al confidente de ETA apodado “el Romano”, al que utiliza como coartada para justificar las llamadas que cruzó con el inspector José María Ballesteros, a quien habría encargado que le cubriera en la cita que iba a mantener el mismo 4 de mayo de 2006 con el etarra en el sur de Francia. El comisario anticipó fechas atrás que no estaba dispuesto a identificar a su confidente porque pondría en peligro su vida.

Pablo Ruz recuerda al jefe superior del País Vasco que planteó dicha prueba “para que se cumpla (…) solo de forma voluntaria, si a derecho interesa). Su negativa, dice el auto “entra en contradicción con las palabras vertidas por el propio imputado en su declaración judicial, sosteniendo que el confidente citado en la misma podría corroborar” su versión de lo ocurrido.