Consell y Ayuntamiento de Valencia se querellan contra Sinde por paralizar el Plan del Cabanyal

La querella, que se formalizará ante el Tribunal Supremo, se justifica por la emisión de dicha orden y "por haber justificado con arbitrariedad la supuesta legalidad de la misma". Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino.

Ambos han dado a conocer el dictamen que se ha solicitado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado sobre la orden del Ministerio de Cultura. Barberá, que ha destacado el "reconocido prestigio" de este profesor y su imparcialidad, ha señalado que este documento "puede cambiar el rumbo de las cosas", en alusión a los procesos abiertos sobre la ejecución del Pepri.

La alcaldesa, que ha expuesto el contenido del dictamen de Muñoz Machado, ha avanzado que Ayuntamiento y Generalitat añadirán esta documentación a los procesos judiciales en marcha contra la paralización del PEPRI. Ha explicado que este informe establece que la orden ministerial "contiene vicio de nulidad radical o de pleno derecho" y que incluye una interpretación del ordenamiento "manifiestamente irracional" que "hace ilegal, infundada y arbitraria la declaración de expolio".

Asimismo, ha comentado que el trabajo del profesor de la Complutense estima que la orden de Cultura "incurre en incoherencia que la hace irrazonable y arbitraria" y que supone "un ejercicio desmedido e imprudente de la competencia estatal" y "una desviación de poder con efectos anulatorios". A su vez, opina que el ejercicio de la competencia sobre expolición persigue en este caso "un fin torcido" y "distinto al fin constitucional y legal".  

La primera edil ha comentado que el dictamen declara que la decisión ministerial es "irrespetuosa" porque no atiende la competencia autonómica ya que "no puede haber expolio sobre un bien que queda protegido de acuerdo a la legalidad urbanística y de patrimonio cultural autonómica". Apunta que el efecto expoliador del PEPRI no es cuestionable en una orden ministerial.

Los argumentos de Muñoz Machado indican que la ley autonómica recompone el ejercicio de competencias que pretendió alterar la orden de Cultura y que deja sin efecto la expoliación y habilita plenamente la ejecución de dicho plan. También avalan, según Barberá, la conformidad a derecho del PEPRI y destacan que se trata de una intervención urbanística juzgada y sentenciada ya con carácter definitivo y firme.

"Informe demoledor"

Rita Barberá, que ha lamentado que "el único criterio" del Ejecutivo central sea "la arbitrariedad", ha resaltado que las ideas de este catedrático indican que "no hay expolio". Ha subrayado que éstas son "palabras textuales" del "primer catedrático de Derecho Administrativo de España". Igualmente, ha considerado que el trabajo de este profesor es "un varapalo jurídico de primer orden al Gobierno y "un informe demoledor para la orden del Ministerio de Cultura.

La alcaldesa ha comentado que el consistorio dispone de este dictamen desde el pasado 19 de diciembre y ha explicado que lo ha presentado este lunes después de trasladarlo a los tribunales y comentarlo con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Barberá ha aseverado que Ayuntamiento y Consell seguirán trabajando para "defender la legalidad" de sus acciones en El Cabanyal y ha subrayado que llevan "muchos años de paciencia, razones políticas y judiciales".

Ha manifestado que su deseo "no es llevar a la cárcel a nadie" sino "defender la legalidad" y ha declarado que pretende que los vecinos de El Cabanyal sepan que ni ella ni el Consell les defraudarán y que seguirán "adelante" para desarrollar el PEPRI, un plan "avalado en los tribunales" y "querido por los valencianos", con el fin de dar vida a este barrio y evitar su "musealización y petrificación".

Barberá y Cotino han explicado que basándose en el informe de Muñoz Machado y ante la comisión de "posibles delitos" de "prevaricación" y "usurpación de atribuciones" derivados de la orden ministerial contra el PEPRI, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat han decidido presentar la querella por presunta prevaricación contra González Sinde.

La alcaldesa ha indicado que también considerará la exigencia judicial de daños y perjuicios para consistorio y vecinos. Además, las administraciones municipal y autonómica solicitarán mañana la acumulación de los dos recursos que tienen interpuestos ante la Audiencia Nacional contra la paralización del PEPRI y la inclusión del informe del catedrático de la Complutense.

Retirar el recurso

Juan Cotino, que ha defendido las competencias autonómicas en El Cabanyal, ha señalado que el Gobierno central tienen "aún" la oportunidad de retirar el recurso que presentó contra el decreto del Consell que avala el PEPRI. Ha invitado al Ejecutivo nacional a "rectificar" porque "no es necesario que tres administraciones" estén inmersas "en procedimientos judiciales para retrasar lo que necesita un barrio".

La primera edil, que no ha fijado plazos, ha añadido que "hay tiempo prudencial suficiente para que el Gobierno retire el recurso y restablezca la legalidad donde está, en el Ayuntamiento y el Gobierno". Se ha referido a la imputación, por prevaricación, del concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, y cinco técnicos municipales, por la adjudicación del parking junto al Jardín de Monforte y ha dicho que en su defensa se podrían "volcar argumentos" de los expuesto con el informe de Muñoz Machado.

"Espero que la ministra y el Gobierno no se amparen en informes de los técnicos cuando hay un auto contra Bellver" y aunque hay técnicos "que dan fe pública de la legalidad de su acción, resulta que se ha imputado al político y a los técnicos. Podríamos intercambiar cromos", ha dicho Barberá.