Montilla cobrará 100.000 euros de por vida, más que Aznar y González

No sólo los ex presidentes del Gobierno como José María Aznar y Felipe González gozan de privilegios en forma de sueldos vitalicios o contratos millonarios por sentarse en el consejo de administración de una multinacional. Haber estado al frente de una comunidad autónoma es también, en algunos casos, una auténtica bicoca. José Montilla cobrará más de 9.600 euros al mes durante los próximos cuatro años por su condición de ex presidente de la Generalitat, y percibirá unos 100.000 euros anuales de por vida a partir de los 65 años. En caso de fallecimiento, su esposa, Anna Hernández -que llegó a ocupar, según CiU, hasta 15 cargos públicos-, recibirá el 50% de esa cantidad.

El Estatuto de los ex presidentes del Gobierno, aprobado en 1983 por el primer Ejecutivo de González y reformado en 2008 por José Luis Rodríguez Zapatero, no establece ninguna incompatibilidad entre ese sueldo vitalicio que pagan las arcas públicas -unos 70.000 euros anuales- y los eventuales ingresos procedentes de empresas privadas. De ahí que no haya ningún obstáculo legal para que, como reveló el pasado martes en exclusiva El Confidencial, Aznar cobre hasta 300.000 euros anuales tras su fichaje por Endesa como asesor externo y González se embolse 126.000 euros como consejero independiente de Gas Natural.

Tampoco la Ley del Estatuto de los ex presidentes de la Generalitat, impulsada en 2003 por Jordi Pujol, impone ningún tipo de restricción entre ingresos públicos y privados a los ex inquilinos del Palau de Sant Jaume. Pero éstos disfrutan de prebendas incluso más ventajosas que los ex presidentes del Gobierno. Montilla, por ejemplo -que renunció al escaño tras su derrota en las urnas-, cobrará durante los próximos cuatro años el 80% de su salario como president, que ascendía a 169.456 euros anuales; es decir, más de 9.600 euros mensuales, una vez descontado el 15% que se rebajaron todos los cargos públicos. Y cuando cumpla los 65 años percibirá el 60% de su sueldo en la Generalitat, o sea, algo más de 100.000 euros anuales con carácter vitalicio.

También su viuda

Pero no acaban ahí los privilegios. Si Montilla falleciese, su viuda también tendría derecho a una paga de por vida, aunque en este caso equivalente a la mitad de la que cobraba su marido; es decir, 50.000 euros anuales, compatibles con la pensión pública de Anna Hernández. Y si ésta también muriese, los beneficiarios serían los hijos menores hasta que alcancen la mayoría de edad.

Tras el revuelo provocado por la entrada de Aznar y González en los consejos de administración de Endesa y Gas Natural, respectivamente, el secretario general de FAES -el think tank del PP que preside el propio Aznar-, Jaime García-Legaz, se mostró ayer partidario de abrir el debate sobre el sueldo vitalicio de los ex presidentes del Gobierno y si éstos pueden compatibilizar esa paga con ingresos privados. García-Legaz -que también es diputado- no sólo admite que ese debate "se puede plantear en cualquier momento", sino que apuesta por acabar con el privilegiado régimen de pensiones de los parlamentarios, que con sólo 12 años en el Congreso o el Senado ya tienen derecho a cobrar el 100% de la pensión. "Los diputados tendríamos que tener exactamente el mismo régimen de pensiones que cualquier ciudadano", afirmó.

Rodríguez Ibarra renunció al sueldo vitalicio

¿Y los ex presidentes autonómicos? No todos disfrutan los mismos privilegios que Montilla. En Navarra, por ejemplo, Miguel Sanz tendrá derecho a una mensualidad nada más cesar en el cargo y a un máximo de 24 mensualidades posteriores. Pero ni podrá compatibilizar esos emolumentos con ingresos privados ni tampoco percibirá un salario de por vida. En Extremadura sí cobran sueldos vitalicios, pero el único ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, renunció a él.

Siguiendo el ejemplo de Rodríguez Ibarra, José María Barreda ha prometido renunciar a sus derechos como ex presidente cuando deje la Junta de Castilla-La Mancha. Su compromiso contrasta con su voto en las Cortes regionales, donde los socialistas han rechazado la propuesta del PP para eliminar por ley estos privilegios. Su antecesor en el cargo, José Bono, disfruta de una oficina, dos personas de apoyo, vehículo, conductor y servicio de seguridad.  

Los ex lehendakaris -el último, Juan José Ibarretxe- poseen los mismos derechos que los castellano-manchegos, pero obtienen además una indemnización de 8.000 euros al dejar el cargo y durante un año reciben el 40% de su salario. Los privilegios continúan en la jubilación, cuando gozan del 50% del sueldo de presidente.

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