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Concluye el estado de alarma tras 43 días bajo la duda de su constitucionalidad
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EL GOBIERNO APROBÓ ESTE VIERNES UN DECRETO PARA ACABAR CON LA MILITARIZACIÓN

Concluye el estado de alarma tras 43 días bajo la duda de su constitucionalidad

Al filo de la media noche de este sábado quedará derogado el primer estado de alarma de la historia de la democracia, activado por el Gobierno

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Concluye el estado de alarma tras 43 días bajo la duda de su constitucionalidad

Al filo de la media noche de este sábado quedará derogado el primer estado de alarma de la historia de la democracia, activado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para doblegar a los controladores aéreos en su rebelión del pasado 3 de diciembre. La medida, prevista por la Constitución para situaciones excepcionales, concluye 43 días después de su puesta en marcha sin que el conflicto laboral que está en el origen de las protestas haya encontrado solución. 

 

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio por cumplidos los objetivos que llevaron al Gobierno a decretar el estado de alarma. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba recordó que esa medida excepcional se adoptó por la inasistencia de los controladores a sus puestos de trabajo y tenía un doble objetivo: garantizar la normalidad en los aeropuertos durante las Navidades y encauzar el final del conflicto. "Entendemos que los objetivos que tenía el Gobierno cuando declaró el estado de alarma se han cumplido", ha señalado.

 

El estado de alarma se extinguirá de forma automática este sábado, cumpliendo así con los plazos aprobados por el Congreso de los Diputados. Rubalcaba explicó también que el presidente del Gobierno firmó este viernes el decreto que se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y por el que se devuelve la normalidad a la navegación aérea.

 

La noche del 3 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, el Ejecutivo colocó a los controladores bajo la autoridad del Ministerio de Defensa. La medida no fue suficiente para extinguir el problema y derivó en la declaración del estado de alarma, con una duración inicial de 15 días que después fue prorrogado por el parlamento.

  

La medida todavía plantea serias dudas sobre su posible inconstitucionalidad y sobre la verdadera necesidad de alargarla hasta el 15 de enero cuando, desde hace semanas, los aeropuertos viven una situación de total normalidad. El Ejecutivo quiso, ante todo, garantizar la normalidad del tráfico aéreo durante las Navidades. Según explicó este jueves el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, el tráfico aéreo descendió en diciembre un 2,3%. Si no se hubiera producido el plante de los controladores, el número de pasajeros habría crecido un 3,1% ese mes. 

Reuniones diarias hasta fin de mes

Por otro lado, AENA y el sindicato de controladores aéreos USCA se reunirán a diario hasta el próximo 31 de enero para seguir negociando el nuevo convenio colectivo del sector. Lema confió el jueves en que se podrán limar muchas discrepancias en la mesa negociadora y que quedarán pocos puntos conflictivos para ser resueltos por el laudo arbitral o incluso nada.

Las negociaciones sobre las jornadas de trabajo y los salarios, dos de los puntos más conflictivos, están ya muy avanzadas. De todos modos, si cumplido el plazo, ambas parte no se ponen de acuerdo, será el ex ministro del PP, Manuel Pimentel, quien tenga que resolver las discrepancias mediante un laudo arbitral de obligado cumplimiento. Dispondrá para ello de un mes, hasta el próximo 28 de febrero.  

El presidente de AENA confía  también en que cuando se levante el estado de alarma el colectivo siga trabajando con normalidad, tal y como lo ha hecho durante el último mes.

Al filo de la media noche de este sábado quedará derogado el primer estado de alarma de la historia de la democracia, activado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para doblegar a los controladores aéreos en su rebelión del pasado 3 de diciembre. La medida, prevista por la Constitución para situaciones excepcionales, concluye 43 días después de su puesta en marcha sin que el conflicto laboral que está en el origen de las protestas haya encontrado solución.