El bar Faisán era utilizado por ETA para cobrar extorsiones desde hacía 26 años

El bar Faisán, en el que se produjo el ‘chivatazo’ a ETA que investiga la Audiencia Nacional, era utilizado desde 1980 por la banda terrorista para cobrar las extorsiones a empresarios. Como “centro neurálgico” de la red de cobro del “impuesto revolucionario”, en él se celebraban los contactos con las víctimas, la negociación, la entrega de recibos de pago y la recepción del dinero. Su propietario, Joseba Elosua, destinatario de la filtración que el 4 de mayo de 2006 frustró una operación policial contra la red de extorsión, ya ejercía en1980 como “intermediario” de la misma. Como tal ponía en contacto a los empresarios amenazados con el Aparato de Finanzas de ETA, conocido en clave como GEZI (punta de flecha).

Todos estos datos figuran en un amplísimo informe sobre esta red de extorsión elaborado con carácter previo a su desmantelamiento, frustrado por el chivatazo’ y ejecutado un mes más tarde, que recoge abundante información sobre la composición de la trama, las identidades de empresarios extorsionados, ‘pinchazos’ telefónicos y fotografías de los contactos entre las víctimas y los chantajistas en el Faisán desde el año 2000.

Las investigaciones de los servicios antiterroristas permitieron establecer que GEZI dirige y controla todos los aspectos de la extorsión: se encarga de recopilar información sobre posibles objetivos, que archiva en un fichero informático conocido como EGUR (leña); elabora y distribuye las cartas exigiendo el “impuesto revolucionario”; negocia con las víctimas las cantidades y formas de pago, y emite los recibos que sirven a aquellos para justificar que han pagado en caso de que la banda les exija por error nuevos pagos.

Contactos semanales

GEZI operaba en España a través del bar Faisán, donde se depositaban en sobres las informaciones sobre eventuales víctimas, que el etarra José Antonio Cau Aldanur recogía cada semana para entregarlos en Francia al dirigente Eloy Uriarte, Señor Robles, que tras analizar la información la hacía llegar a Ángel Iturbe, Ikula, el máximo responsable de la red. Tras el visto bueno de éste se elaboraban las cartas de extorsión, que se entregaban en el Faisán para su distribución a través de una red de colaboradores. Si el amenazado no pagaba tras la primera carta la banda se le remitían hasta tres más como “recordatorio” con un 5% de recargo en concepto de “intereses de demora”. Desde 2000, la banda comenzó a incorporar códigos alfanuméricos a cada extorsión para facilitar su seguimiento.

El Faisán era también el lugar en el que víctimas e intermediarios gestionaban el pago de la extorsión y el lugar de pago. Dinero que posteriormente era recogido y trasladado al país vecino por el citado Cau Aldanur. El informe tiene documentadas 46 citas orgánicas de la red en el Faisán entre 2004 y la fecha del ‘chivatazo’. El mismo documento acredita la mediación de su propietario, Joseba Elosua en las negociaciones con numerosos empresarios y la recogida de dinero, e igualmente en la distribución de remesas de cartas. Elosua fue detenido por primera vez en octubre de 1980 y ya entonces reconoció que mediaba entre las víctimas de los chantajes y ETA.

La investigación en torno al Faisán permitió descubrir también que en algunos casos la banda exigía el pago del chantaje en divisas, sobre todo dólares americanos, libras esterlinas y francos franceses, posiblemente para pagar compras de material. El recibo de pago de la extorsión a una empresa navarra en 2001 dice así: “Mediante esta carta ETA quiere manifestarle: le confirmamos que tiene en su poder el pago de 37 millones de pesetas; concretamente 72.000 libras esterlinas, 52.000 dólares americanos y 280.000 francos franceses. Con este pago queda vencida la solicitud de dinero solicitado. Aviso: guarden este escrito para poderlo presentar en el caso de que sea preciso. Gracias”.

El "cobrador" de ETA José Antonio Cau  (izquierda) se dirige al bar Faisán  el día previo al 'chivatazo'.

Operación fallida

Los servicios antiterroristas decidieron desmantelar esta red el 4 de mayo de 2006, aprovechando que el etarra Cau Aldanur tenía previsto desplazarse desde Francia para recoger el dinero de una extorsión en el Faisán. Un control policial aparentemente rutinario registraría su vehículo antes de que cruzara la frontera de vuelta con el importe del chantaje. Si se comprobaba que efectivamente llevaba el dinero se pondría en marcha una operación para detener en España y Francia al resto de miembros de la trama.

Una persona todavía desconocida alertó a Elosua de la operación y frustró la operación. ETA acababa de anunciar un “alto el fuego permanente” que abrió el proceso de paz con el Gobierno; Josu Jon Imaz, entonces presidente del PNV se reunía ese día con Rodríguez Zapatero en La Moncloa para trasladarle e lapoyo de su partido y, para enredar aún más las cosas, entre las personas que iban a ser detenidas estaba el dirigente peneuvista Gorka Aguirre.

Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un funcionario de Vitoria, J.M.B. están imputados como presuntos autores de la filtración y pendientes de la decisión que tome el juez Pablo Ruz, que ha sustituido a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investiga el caso.