Conde-Pumpido pedirá ocho años de cárcel para los controladores sin haberlos escuchado

Todavía no hay juicio. No están imputados. Ni siquiera les han tomado declaración y la Fiscalía del Estado ya ha pedido penas de cárcel para ellos. El Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho hoy en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de prisión para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.

Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en la capital aragonesa, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales. Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.

A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España. Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.

Las palabras del fiscal han causado estupor en el ámbito judicial pues supone criminalizar a los controladores quienes, pese a los indicios existentes, todavía no han sido imputados ni hay causa contra ellos. Es, en opinión de los expertos, un golpe a la seguridad jurídica de estas personas.

La USCA recure ante el TS

Por su parte, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) indicó que ha presentado dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que establecen el estado de alarma y "la militarización" de los servicios civiles de tránsito aéreo, tal y como adelantó ayer El Confidencial.

En un comunicado, USCA señaló que sus asesores jurídicos tienen "serias dudas" acerca del procedimiento que ha seguido el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.

Asimismo, ante la situación de militarización que se ha decretado a los controladores, que según USCA "impide toda actuación de tipo sindical", el sindicato ha pedido al Supremo que certifique que la decisión de interponer ambos recursos se ha tomado efectivamente, y anunció que la trasladará a "la autoridad militar competente".