Los jueces ven innecesario y peligroso quitar la custodia a los padres sin condena previa

Las asociaciones judiciales creen que la propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, de reformar el Código Civil para que un juez pueda acordar que los imputados por violencia de género pierdan la custodia de sus hijos, es innecesaria, propagandística y peligrosa.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, consideró que la propuesta de Pajín puede provocar una inseguridad jurídica "tremenda" y perjuicios "irreparables", mientras que la solución que aporta es puramente "simbólica".

Según Ramírez, el Código Penal ya prevé la posibilidad de que el juez pueda inhabilitar durante un tiempo para el ejercicio del derecho de custodia de los hijos al imputado por maltrato, por lo que no entiende la finalidad de la reforma, en la que ve intenciones propagandísticas.

"Es desconocer principios jurídicos fundamentales" en los que debe primar siempre el interés del menor, dijo Ramírez, que defiende que la decisión debe adoptarse en función de cada caso.

Para el portavoz de JpD sería incluso más grave si esa retirada de la custodia se convirtiera en imperativa y no se dejara margen a la discrecionalidad del juez, y además cree con esa medida se está creando una "falsa sensación" de mayor seguridad a las víctimas.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, que cree que esa posible reforma no dice nada que no se esté haciendo ya en función de cada caso concreto y siempre en interés y beneficio del menor.

Sexmero considera que se trata de una medida para recoger por vía legal algo que ya aplican los tribunales y con la que el Gobierno puede pretender aparentar que "hace algo más de lo que ya había" por cierto efecto propagandístico.

Igualmente, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Javier Varona, recordó que ya es posible que el juez pueda retirar la custodia a los maltratadores si alguien lo pide y que las medidas que se adoptan respecto a los menores son siempre revisables.

"No creo que añada nada", dijo, tras lo que ha afirmado que si, por el contrario, se trata de medidas "imperativas", pueden ser "peligrosas" y difíciles de sostener constitucionalmente.