Valeriano Gómez propondrá bajar cotizaciones a cambio de subir el IVA

Si la coherencia es un valor político, Valeriano Gómez, el nuevo ministro de Trabajo, tiene ante sí un reto ineludible. Convencer al Gobierno de la necesidad de elevar el IVA a cambio de rebajar las cotizaciones sociales. La vicepresidenta Salgado se ha negado siempre a esta solución, pero pronto tendrá sobre la mesa la propuesta de Gómez, escrita de su puño y letra (por supuesto que en sentido figurado) en febrero de este año. Poco después de que el ministro de Trabajo saliente, Celestino Corbacho, entregara a la Comisión del Pacto de Toledo su propuesta de reforma del sistema público de pensiones.

En palabras de Gómez, los cambios “no solo deben contemplar la reducción del gasto en el futuro, sino el aumento de los ingresos”. Y para ello propone que los impuestos “participen más en la financiación de un sistema que, como el nuestro, no podrá descansar exclusivamente en las cotizaciones sociales”. Gómez no habla en su artículo de ningún tributo en concreto, pero el IVA es el único que tiene un fuerte impacto recaudatorio. El recorrido del IRPF es muy limitado y subir la tributación en Sociedades supondría, igualmente, un aumento de los costes empresariales.

El nuevo ministro de Trabajo se suma, de esta manera, a una idea planteada ya hace muchos años, pero que no ha visto la luz por falta de apoyos en el Gobierno. Hace nada menos que 25 años la planteó José María Cuevas (CEOE) al primer Gobierno de Felipe González, y más recientemente la han respaldado las cámaras de comercio,  el servicio de estudios del BBVA o los propios técnicos de la administración de la Seguridad Social.

Según las estimaciones del BBVA, si se rebajan 3,5 puntos las cotizaciones sociales de los empleadores -empresarios y autónomos- los resultados serían los siguientes. Durante el primer año de la reforma,  el empleo equivalente a tiempo completo crecería un 1,41%, lo que equivale a unos 280.000 puestos de trabajo, mientras que el PIB aumentaría un 0,55%.

 

No se trata, en cualquier caso, de una propuesta novedosa. Como recuerda el BBVA, se ha venido planteando de forma habitual desde hace más de una década. Incluso España financió una “modesta” rebaja del tipo de cotización del Régimen General de la Seguridad Social (0,8 puntos de cotizaciones empresariales y 0,2 a cargo de los trabajadores) con cargo a un punto más de IVA.

Lejos de perder vigencia, asegura el BBVA, esta propuesta de reforma fiscal (“kenesiana”) sigue presente en Europa, como en el debate sobre la introducción de un ‘IVA social’ en Francia, siguiendo el ejemplo de Dinamarca de finales de los años ochenta. Recientemente Alemania financió una rebaja de más de dos puntos en las cotizaciones sociales que financian las prestaciones por desempleo a través de un IVA más alto.

Necesidades sociales

Gómez hizo esas reflexiones en un artículo publicado en la Factoría, una revista de pensamiento publicada en Cataluña, y en la que escriben sindicalistas y dirigentes de la izquierda.  En su opinión, “las reformas [de la Seguridad Social] no solo deben contemplar la reducción del gasto en el futuro, sino el aumento de los ingresos”.  Lo cual exige no reducir los impuestos a medio y largo plazo. Para Gómez, “sólo las posiciones más fundamentalistas y extremas siguen planteando la reducción de los ingresos tributarios en un horizonte de crecientes necesidades sociales”.

En su opinión, “es perfectamente posible defender el alargamiento de la edad de jubilación como una de las opciones de consolidación a largo plazo del modelo público de pensiones”. Pero dicho esto matiza que las reformas deben tener “un amplio grado de respaldo político y social”, y en este sentido critica que el documento del anterior Gobierno -en el que plantea prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años- fuera cerrado. “Hubiera sido mejor adelantar un texto abierto que orientara la discusión y que avanzara en el perfil de las reformas requeridas”, asegura.

Valeriano Gómez admite que lo mejor es pensar que el gasto en pensiones aumentará de forma muy significativa a partir de 2025 “y prepararse para ello”.  Y en este sentido admite que “no sería en absoluto irreal una previsión que hacia la mitad de siglo estimara un nivel de gasto en pensiones situado en una banda de entre el 12,5% y el 15,5% respecto del PIB. Es decir, en el segundo caso, prácticamente el doble que en la situación actual.

Gómez cuestiona en su artículo la propuesta del Gobierno, y dice que “se ha centrado en el alargamiento de la edad de jubilación pero no debería descartarse una combinación de medidas que permitiera una aproximación más amplia, gradual y flexible a las condiciones de equilibrio a largo plazo, teniendo en cuenta que los problemas financieros en ausencia de cambios en el diseño del sistema comenzarían a partir de 2025, aproximadamente, y alcanzarían el pico a mediados de siglo”. De ahí que proponga mecanismos más graduales y flexibles. Y en concreto sugiere que se trate de forma singular