Dívar arremete ante Caamaño contra los Consejos Territoriales que va a implantar

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se ha referido hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como “único órgano de gobierno de los jueces y magistrados”. Unas palabras que sirven de advertencia a la pretensión del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de implantar los consejos territoriales en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con la Constitución en la mano, dice Dívar, nadie, salvo el CGPJ, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el poder judicial.

Así se expresó durante su discurso en la Apertura del Año Judicial y con el propio Caamaño sentado a su lado. El presidente del Alto Tribunal, además, criticó la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno para implantar un modelo que permita la participación de las Comunidades autónomas en la gestión de la Administración de Justicia.

Dívar aprovechó su discurso -con más contenido que en los dos años anteriores- para criticar la pretensión del Gobierno de conceder la supremacía a los tribunales superiores de Justicia dejando a un lado al Tribunal Supremo, tal y como se recogía en el Estatuto de Cataluña, punto que fue posteriormente revocado por el Tribunal Constitucional.

Es más, Dívar ha hecho mención expresa a la sentencia sobre el Estatut  y ha recordado que la “competencia unificadora se define como función reservada sólo al Tribunal Supremo, sea cual sea el modo en que el legislador articule procesalmente su realización”.

La Fiscalía, contra la presencia de ETA en las instituciones

Previamente, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, centró su discurso en la labor de la Fiscalía contra la corrupción. “Hay que evitar que nadie convierta en injusta ventaja el ejercicio de su posición de poder, civil o económico, a costa del funcionamiento normal del mercado y de la objetividad de la Administración Pública”.

Conde Pumpido ha querido resaltar que el fenómeno de la corrupción no se vincula a una u otra formación política o corriente ideológica, “sino al a bordaje ególatra y lucrativo del poder por parte de sujetos o grupos que sólo militan en su propio afán depredatorio y en el desprecio de la legitimidad democrática”.

Sobre el terrorismo de ETA, el fiscal general ha recalcado que están trabajando para evitar que la banda terrorista entre en las instituciones. “Seguiremos haciendo cuanto el Estado de Derecho nos permita para que ni los asesinos, ni sus testaferros, ni quienes sirven a sus intereses usurpen con su presencia las instituciones democráticas”.