El juez ordena que Carcaño sea juzgado por un tribunal profesional y no popular

El juez que debía presidir el jurado popular por la muerte y violación de la joven Marta del Castillo ha ordenado que el caso pase a un tribunal profesional, a la vista de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las competencias del jurado. Fuentes judiciales han informado de que el juez Javier González ha emitido un auto en el que interpreta el caso Marta a la luz de los últimos acuerdos del Tribunal Supremo sobre la finalidad perseguida por los presuntos autores del delito.

A este respecto, el padre de Marta, Antonio del Castillo, ha afirmado que recurrirán la decisión del juez. En declaraciones a Efe, ha mostrado su indignación y se pregunta a qué se debe este cambio de opinión del juez. "Llevamos desde el principio luchando para que sea juzgado por un tribunal popular", ha precisado el padre de la joven, quien no comprende cómo después de tanto tiempo se produce éste cambio de línea por parte del juez González. Asimismo, Antonio del Castillo ha señalado que no entiende esta decisión después de que el juez de instrucción y la Sección Primera, encargada de ver los recursos, les dieran la razón en su petición de celebrar el juicio con un jurado popular.

El padre de Marta, quien insiste en que no duda de la profesionalidad de los jueces, afirma que este cambio de postura no retrasará en exceso la celebración del juicio, que posiblemente se celebrará en 2011, tan sólo "uno o dos meses más, que después de lo que llevamos, no es nada", ha precisado. A la vista de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las competencias del jurado, el juez interpreta que la finalidad del asesino confeso, Miguel Carcaño, no sería el homicidio, sino la violación, y por tanto, el caso es competencia de un tribunal profesional de la Audiencia Provincial.

La finalidad no fue matarla

En el caso de la joven desaparecida el 24 de enero de 2009 en Sevilla, el magistrado interpreta que, del relato de hechos realizado por la Fiscalía y la acusación particular, se deduce que la finalidad principal del asesino confeso, Miguel Carcaño, y de su amigo menor de edad Javier G.M. no fue matar a Marta sino violarla.

Dichos escritos de acusación recogen que los dos autores de la violación de la joven le dieron muerte con posterioridad "para impedir que pudieran ser descubiertos los hechos que acababan de llevar a cabo, esto es, las agresiones sexuales", relata el juez en un auto al que ha tenido acceso Efe. Apoya este razonamiento en el hecho de que, según dichos escritos, a continuación los acusados limpiaron en el piso de la calle León XIII de Sevilla la "sangre y demás vestigios" de la víctima que "provenían no de la muerte violenta, que lo fue por asfixia, sino de las previas agresiones sexuales".

Por todo ello, concluye el juez que no alberga "ninguna duda acerca de cual era el objetivo principal de los autores" y por lo tanto acuerda reconducir el caso para su enjuiciamiento ante un tribunal profesional de la Audiencia Provincial, como competente sobre los delitos contra la libertad sexual. El juez tampoco ve "datos que permitan apreciar la posibilidad de un enjuiciamiento separado" de los delitos de asesinato y violación.

Tramitación prolongada y compleja

Esta decisión del juez se produce cuando el caso Marta ya había llegado a la Audiencia para ser enjuiciado por un jurado, ante el cual la Fiscalía iba a pedir 52 años de cárcel para el asesino confeso por un delito de asesinato y dos de violación: la cometida por él mismo y la que realizó el menor de edad, que será enjuiciado en el Juzgado de Menores. La reconducción del caso había sido pedida por la abogada de Carcaño y los defensores de otros dos acusados: Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso, y su novia María García, acusados de encubrir el crimen.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que el caso será devuelto ahora al juzgado de instrucción 4 de Sevilla para que dicte auto de procesamiento según los trámites del sumario ordinario, aunque es previsible que la Fiscalía y los padres de Marta recurran ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El magistrado presidente reconoce en su auto que el caso ha sufrido una tramitación "prolongada por compleja, pese a los esfuerzos del juez instructor", con varios "avatares" como la recusación por parte de los defensores de los cuatro magistrados de la Sección Primera de la Audiencia que habían resuelto recursos de la fase de instrucción.

El juez de instrucción mantiene abiertas unas diligencias centradas en las pesquisas para hallar el cuerpo de la víctima, entonces de 17 años, lo que hasta ahora ha sido imposible porque los acusados primero dijeron que lo habían arrojado al Guadalquivir y luego a un contenedor de basuras, lo que dio lugar a una búsqueda infructuosa de varios meses.