Los socios de La Moraleja denuncian a las últimas directivas tras desaparecer 90 millones

La elite de la alta sociedad madrileña continuará en los juzgados su pelea por aclarar las cuentas del Club de Golf La Moraleja. O cómo en los últimos años, los que transcurren entre 2004 y 2009, el selecto club se ha visto descapitalizado de forma muy preocupante dejando su disponible en cuenta en tan solo 28 millones de euros. Unas arcas muy mermadas que incluso ponen en riesgo la capacidad del Club para pagar las obras de los nuevos campos de Algete. 

La caja de los truenos está abierta y un grupo de socios ha decido denunciar el asunto ante el juzgado de Alcobendas, tal y como señala a este diario uno de los impulsores de la iniciativa, José Martínez. El objetivo es esclarecer si de las pruebas aportadas se podría deducir que las juntas directivas responsables de aquellos ejercicios incurrieron en delito societario u en otros de distinta naturaleza. 

La denuncia tomará como base la auditoría externa realizada por Ernst & Young  que pone de relieve el cúmulo de irregularidades detectadas en las cuentas del club. De hecho, La Moraleja se encuentra en una situación crítica después de que se hayan esfumado en numerosos dispendios los 115 millones de euros ingresados en 2004 por la venta de unos terrenos en el campo II. 

Así las cosas, los accionistas más críticos han dirigido su denuncia contra los últimos presidentes de la entidad, es decir, contra las cúpulas directivas de Enrique Quintanar, quien fue responsable de la venta de los terrenos, y de sus sucesores en el cargo, Fernando Lillo y Gurmensindo Santamaría, actual directivo del Real Madrid, que dimitió hace un año junto a varios vicepresidentes y consejeros. 

La medida llega después de que el Club y su actual responsable, Ricardo Pradas, hayan decido no depurar responsabilidades pues, a su juicio, tal y como han explicado a este diario desde la propia entidad, la auditoría no pone de manifiesto “que se hayan cometido delitos o irregularidades” y  no hay, por tanto, “base para una denuncia”. Y eso, a pesar, de que en la última junta de accionistas, celebrada el 24 de junio, Prada reconociese, textualmente, que “el granero se había desabastecido por déficit de ejercicios anteriores. Por gastos exagerados y por inversiones equivocadas” de las que él, sin embargo, dijo no ser responsable.

Tensa junta de accionistas

Unas declaraciones que no hicieron sino caldear aún más los ánimos de los socios allí presentes, entre ellos, varios abogados de prestigio como Javier Saavedra, el conocido defensor de los famosos, o José María López Coria, que anunciaron su intención de emprender medidas legales. El presidente tuvo que oír numerosos reproches y peticiones de dimisión, mientras que algunos socios le recordaban su “pertenencia a consejos anteriores” y que hubiera “firmado la conformidad de cuentas y balances”.

De hecho, su deseo de aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio de 2009 solo fue avalada gracias a los votos delegados en blanco (786) de socios que no estaban en la Junta de accionistas. El resto, los que sí acudieron, optaron en una abrumadora mayoría por rechazarlas. Según explican los accionistas que estuvieron en la sesión, solo media docena de los presentes, entre ellos el ex presidente Lillo y Pedro Arellano, ex consejero suyo en el Club, dieron su voto afirmativo a las cuentas de 2009, lo que interpretan como un intento de que no sé investigue su gestión en la entidad.