La ley del aborto sigue vigente pese a la oposición del magistrado progresista Eugeni Gay

El Tribunal Constitucional ha rechazado la petición del PP de suspender la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en vigor desde el pasado lunes. Fuentes jurídicas ya apuntaban que era muy poco probable que se aceptara esta pretensión. Con lo que no se contaba era con que el acuerdo necesitara de cuatro horas de reunión e incluyera cuatro votos particulares. Uno de ellos es especialmente relevante porque se trata de Eugeni Gay, miembro del sector progresista.

Por una parte, estos votos particulares no eran esperados porque tanto la doctrina de este tribunal como su propia ley orgánica recogen que una norma no puede ser paralizada porque cuenta con el beneplácito de las Cortes Generales y del Rey, excepto cuando la solicitud viene por parte del presidente del Gobierno.

Sin embargo, esta ley es muy controvertida por los fuertes tintes religiosos que soporta. Así lo entienden los cuatro magistrados que se oponen a que continúe en vigor. Se entiende que si la norma no se ejecuta hasta que se resuelvan los recursos presentados por el PP y Gobierno de Navarra puede suponer daños irreparables.

De estos magistrados discrepantes, la oposición de Gay es la más llamativa por su apoyo a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, propuesta por el PSOE. Desde que el órgano judicial afrontó este asunto hace dos semanas, su nombre ya sonaba como firme opositor a la ley. Son conocidas las fuertes convicciones católicas de este abogado, que incluso ha sido secretario general del Movimiento Internacional de Juristas Católicos.

Gay ha apoyado a lo largo de estos tres años a Casas para sacar adelante la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Se mostró siempre fiel a sus compañeros progresistas. Sin embargo, una vez que se aprobó el fallo y se anunció que el término nación para referirse a Cataluña se consideraba inconstitucional, este magistrado cambió de parecer. Seis de sus compañeros consiguieron que se anulara esa parte del preámbulo, y así quedó reflejado en el fallo. Pero una vez que ya no era necesario su voto, días más tarde Gay anunció que emitiría un voto particular para unirse a la oposición al término nación.

El resto de los magistrados que han anunciado votos particulares en contra de la decisión de no suspender la Ley del Aborto son del ala conservadora. Sin embargo, dos miembros de la minoría, el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, y Vicente Conde, han optado por apoyar la decisión.

Jiménez y Conde son la parte más moderada y dialogante de los conservadores. Incluso el nombre del segundo sonó como candidato a la presidencia del TC antes de que se prorrogara el mandato de Casas. Es más, se llegó a oponer al primer recurso del PP contra la tramitación parlamentaria del Estatut. Algunos de sus compañeros, sobre todo el ya fallecido Roberto García Calvo, no se lo perdonó nunca.

Entre los magistrados más beligerantes a la Ley del Aborto están Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas. Ambos son los dos mayores obstáculos del Gobierno dentro del TC. Los dos miembros más duros e intransigentes apoyaron la recusación de Pablo Pérez Tremps para que no participara en las deliberaciones sobre el Estatut.

Una daño al TC que “tardará años en sanar”

Prueba de su dureza fueron sus votos particulares en la sentencia de la norma catalana. Rodríguez Zapata recogió que el Tribunal Constitucional se ha hecho un daño a sí mismo que “tardará años en sanar” y le acusó de haber abdicado de “su misión esencial” de garantizar la superioridad formal de la Constitución española sobre los Estatutos de Autonomía. Por el contrario, el cuarto discrepante, Javier Delgado, es conocido por su gran profesionalidad. Fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 1996 hasta 2001.

Con esta decisión del TC, la ley va a seguir vigente en su totalidad hasta que se decida si alguno de los ocho artículos que han sido recurridos son inconstitucionales. Entre los puntos más relevantes está la objeción de conciencia, el aborto libre hasta la semana 14 y el derecho de las mayores de 16 años de interrumpir el embarazo sin autorización.

De todas maneras, parece que el tribunal no va a entrar de lleno en las deliberaciones hasta que no se renueve a los cuatro magistrados que están en funciones desde hace tres años. Se trata de la presidenta María Emilia Casas y de los magistrados conservadores Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata. Sus nombramientos dependen todos ellos del Senado, que se ha comprometido a desbloquear el proceso. Esta semana empiezan las entrevistas a los candidatos, entre ellos el ex portavoz del CGPJ y magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. El Congreso de los Diputados también debe nombrar al sustituto del fallecido García Calvo. Cuando esté compuesto el nuevo tribunal, entrarán de lleno en el estudio de los recursos.