El fiscal del Tribunal de Cuentas abre otro frente a Bono por su relación con El Pocero

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, ultima un informe sobre la gestión urbanística en Seseña (Toledo), donde el constructor Francisco Hernando, El Pocero, levantó su macrociudad gracias a la complicidad del Ayuntamiento y a la falta de controles por parte del Gobierno autonómico que presidía José Bono. Las conclusiones de la Fiscalía se basan en un documento del propio Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso este diario, donde se denuncian decenas de irregularidades en la aprobación y desarrollo del proyecto urbanístico de El Pocero.

 

Según fuentes próximas a este organismo, es previsible que el fiscal inicie las actuaciones necesarias para depurar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que se desprendan de la investigación del Tribunal de Cuentas. Se trata de un nuevo frente para Bono, que ya acumula varias denuncias del Partido Popular ante la Fiscalía General del Estado por el extraordinario crecimiento de su patrimonio en los últimos años.

 

El "Informe de fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña", cuyo contenido avanzó el diario El Mundo, y que sirve de base al fiscal, fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 24 de junio, y firmado por su presidente, Manuel Pérez Núñez, el pasado viernes, por lo que se espera que llegue al Congreso y al Senado este semana. En sus 330 páginas, incluidas las alegaciones, subraya que "la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga y que de haberse practicado adecuadamente podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general".

 

Es decir, que el Gobierno castellanomanchego, cuando estuvo presidido por Bono y, después, por el también socialista José María Barreda, no cumplió con su obligación de hacer cumplir la ley en el municipio de Seseña, icono de la burbuja inmobiliaria y de la construcción descontrolada sin garantía de abastecimiento de servicios básicos, como el agua. El Plan de Actuación Urbanística (PAU) de El Quiñón, núcleo del Residencial Francisco Hernando, "supuso la reclasificación de 1.822.147 metros cuadrados de suelo rústico a suelo urbanizable de uso residencial". "Además, implicó la creación de un nuevo núcleo de población, con una configuración urbanística de densidad muy alta y edificabilidad próxima al límite", señala el informe.

 

El proyecto implicaba un crecimiento de la población de Seseña de entre el 500 y el 750%, o lo que es lo mismo, entre 32.000 y 47.000 habitantes más. Y para el Tribunal de Cuentas no queda lugar a dudas: esta masiva reclasificación de suelo carece de "fundamentación y soporte alguno, no estando justificada la edificabilidad y densidad residenciales en análisis de viabilidad, ni en estudios de mercado que permitan pronunciarse sobre su adecuación a la mejora del bienestar de la población o al desarrollo del término municipal".

 

Polémica aprobación del proyecto urbanístico

 

La aprobación de este plan se remonta al 8 de mayo de 2003, cuando el Ayuntamiento de Seseña estaba dirigido por el socialista José Luis Martín, y la Comunidad estaba regida por Bono. Se celebró un Pleno extraordinario en el consistorio cuando la legislatura tocaba a su fin, pero sin poner a disposición de los concejales la documentación necesaria para conocer el proyecto. De hecho, como reitera el Tribunal de Cuentas, el informe de evaluación ambiental previa, fechado el 29 de abril, no entró al ayuntamiento hasta el 9 de mayo, un día después de la celebración del pleno.

 

"Además, en el Acta del Pleno del 8 de mayo de 2003 se menciona, pero no se transcribe, que existe informe favorable al PAU de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicho informe está fechado el 8 de mayo de 2003, es decir, el mismo día en que se aprobó el PAU, si bien no consta sellada ni su salida de dicho organismo ni entrada en el Ayuntamiento a través de los respectivos registros", denuncia el organismo fiscalizador. El ambicioso proyecto de El Pocero volvió a aprobarse en octubre de 2003, pero como apunta el Tribunal de Cuentas, seguía sin justificarse adecuadamente la adjudicación de las obras a la empresa de El Pocero Onde 2000, S.L.

 

La amistad entre Bono y 'El Pocero'

 

Onde 2000 es uno de los nexos de unión entre Bono y Francisco Hernando, ya que esta empresa llevó a cabo obras en la hípica del actual presidente del Congreso de los Diputados y, según ha reconocido El Pocero, fueron pagadas por los patrocinadores de las instalaciones, y no por Bono. El político socialista y el constructor mantuvieron durante años una estrecha relación de amistad, que se torció cuando Hernando se sintió abandonado por el ex presidente castellanomanchego al multiplicarse los problemas en torno a Seseña. 

 

Sin embargo, durante la larga etapa de más que buenas relaciones entre Bono y El Pocero era muy habitual que las familias de ambos compartieran jornadas festivas en Hípica Almenara, el hipódromo propiedad del político socialista situado a las afueras de Toledo. El constructor y su esposa, María Audena del Saz, acompañados de sus hijos y nietos, solían acudir a la hípica los domingos para que los más pequeños montaran en pony y más tarde compartir la comida. Fue en uno de estos encuentros cuando, según varios testigos, El Pocero presumió de haber regalado a la mujer de Bono, Ana Rodríguez Mosquera, un Porsche Cayenne negro valorado en unos 80.000 euros.