Zapatero avala los "atajos" legales para que el Estatuto eluda la sentencia del TC

El Estatut seguirá adelante, desarrollando incluso algunos aspectos invalidados por el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero avaló ayer la puesta en marcha de las maniobras legales necesarias para blanquear buena parte de los puntos declarados inconstitucionales, como los referidos al Poder Judicial en Cataluña. El presidente del Gobierno confirmó que recibirá a José Montilla para analizar la sentencia “y en su caso, si hubiera que tomar alguna iniciativa, para reforzar el desarrollo del Estatuto”.

A la espera de la sentencia y de los fundamentos jurídicos que reinterpretan 23 artículos del Estatuto, tanto el Gobierno central como el catalán ven posible recuperar, a través de modificaciones legislativas en el Congreso, las competencias del Consejo de Justicia de Cataluña. Cabe recordar que la mayoría de los artículos tumbados por el Alto Tribunal tienen que ver con esta materia, ya que el papel de la lengua catalana se respeta en su mayor parte, y la definición de nación se situó en el preámbulo precisamente para salvar el filtro constitucional.

Fuentes parlamentarias socialistas explicaron a este diario que una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial sería suficiente para que las competencias declaradas inconstitucionales pasaran a la legalidad. De hecho, ya en 2005, el entonces titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, impulsó la creación de los consejos de justicia autonómicos, que llegaron a ser aprobados en Consejo de Ministros

Esta reforma, junto con los llamados jueces de proximidad, no fue aceptada por el Partido Popular ni por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, por lo que el actual ministro del ramo, Fernando Caamaño, descartó estas iniciativas para alcanzar un pacto de mínimos con el PP. Sin embargo, Cataluña ya había desarrollado prolijamente el capítulo del Consejo de Justicia, que ahora ha fulminado el Alto Tribunal.

Por tanto, los socialistas se disponen, con el aval de Zapatero, a impulsar de nuevo los cambios necesarios en la ley del Poder Judicial para dar cabida a estos consejos autonómicos, y restituir así buena parte de lo recortado por el Constitucional.

Andalucía y Extremadura, a la espera

Otras comunidades, como Andalucía, también están pendientes de la solución legal que se adopte para salvar su propio Consejo, así como de la interpretación que experimenten los artículos de carácter económico y fiscal. El último en llegar ha sido el Estatuto de Extremadura. PSOE y PP pactaron el miércoles en el Congreso las últimas enmiendas, aunque mirando de reojo a Cataluña: a falta de conocer la sentencia del Constitucional, se han quedado fuera del acuerdo las disposiciones relativas a las inversiones complementarias del Estado en la comunidad.

El Alto Tribunal reinterpretará, en caso del Estatut, la obligación de que el Estado invierta en infraestructuras, según la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al PIB del Estado. Asimismo, declaró inconstitucional la condición de que la solidaridad de Cataluña con el resto de autonomías se realice "siempre y cuando lleven a cabo [el resto de comunidades] un esfuerzo fiscal también similar".

No obstante, fuentes socialistas señalaron que la llamada bilateralidad lleva practicándose de facto con Cataluña mucho antes de que se proyectara el Estatut, ya que los presidentes del Gobierno suelen llegar a acuerdos con la Generalitat o los partidos catalanes antes de fijar las cifras de la financiación autonómica o de las inversiones en infraestructuras.