El Gobierno da un paso más en el abaratamiento del despido

La reforma laboral echa a andar. El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el Real Decreto Ley que modifica las relaciones laborales de este país durante los próximos años. El texto introduce cinco novedades importantes respecto del documento entregado el pasado viernes a sindicatos y empresarios.

Los cambios afectan al contrato de 33 días, al denominado modelo austríaco, a las empresas de trabajo temporal, a las indemnizaciones en los contratos de obra y servicio (que serán crecientes hasta 12 días por año trabajado) y al coste de la extinción laboral en los contratos de 45 días, los indefinidos ordinarios.

Respecto al contrato de fomento del empleo fijo (el que incorpora una indemnización  33 días), el Gobierno ha decidió finalmente abrir la mano a prácticamente todos los colectivos. Hasta el punto de que los empresarios podrán celebrar contratos de este tipo con trabajadores con edades comprendidas entre 31 y 44 años que anteriormente hubieran tenido un contrato indefinido.

El último documento abría ya la mano a la firma de este tipo de contrato a nuevos colectivos. Y en particular a los parados que estuvieran en alguna de estas circunstancias: jóvenes entre 16 y 30 años, mujeres en ocupaciones con menor empleo femenino, mayores de 45 años, parados inscritos en la oficinas del Inem durante tres meses, personas con discapacidad o trabajadores que lleven más de dos años con contratos temporal y ahora estuvieran en desempleo. Igualmente, trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada.

Es decir, que el Gobierno abre la mano a este contrato con despido más barato a todos los colectivos, aunque sin decirlo. El contrato indefinido de 45 días –el ordinario- se convierte así prácticamente en residual, si bien hay que aclarar que los derechos de los trabajadores con este contrato no se toca. Aunque con un matiz importante.

El ministro Corbacho ha anunciado que los empresarios que despidan a trabajadores fijos con contrato de 45 días también podrán acogerse a una rebaja de la indemnización de ocho días. Esto significa  que las empresas pagarán 37 días y el Fondo de Garantía Salarial los ocho días restantes.

Otra novedad se refiere al papel de las empresas de trabajo temporal. La nueva regulación permitirá a las ETTs contratar con las administraciones públicas, una vieja reivindicación empresarial que ahora toma forma, y que supone traspasar una de las líneas rojas que habían marcado los sindicatos en la negociación.  Hay que tener en cuenta que el nivel de temporalidad en el sector público es hoy incluso mayor que en el privado, por lo que difícilmente se va a romper esta tendencia con la nueva regulación.

El siguiente cambio se refiere al llamado modelo austriaco, que supone crear un fondo de capitalización para que un trabajador pueda llevarse la indemnización que le corresponde de una empresa a otra sin perder derechos. El Gobierno ha decidido sacar este asunto de la reforma y en su lugar se compromete a tramitar el modelo austríaco como proyecto de ley en el plazo de un año.

Sin duda que las restricciones presupuestarias han pesado en esta decisión, ya que el Fondo se debería nutrir con fondos empresariales que ahora tendrán que destinarse al Fogasa, que es ahora quien juega un papel esencial en caso de despido en todas las empresas, y no sólo en las pequeñas y medianas.