El Gobierno acepta negociar el ‘decretazo’ para evitar otra votación a vida o muerte

Bruselas y los mercados internacionales tendrán que esperar. La reforma laboral no será definitiva hasta otoño, ya que la débil posición de José Luis Rodríguez Zapatero no le permite soportar otra votación a vida o muerte en el Congreso la próxima semana. La aprobación in extremis del tijeretazo, contando únicamente con los escaños socialistas, ha servido de precedente para que el Gobierno acepte tramitar como proyecto de ley la reforma del mercado de trabajo.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, continúa dialogando con los diferentes Grupos Parlamentarios, pero durante el fin de semana quedó patente que PP, CiU, ERC y Coalición Canaria no estaban dispuestos a convalidar sin más el decreto que salga este miércoles del Consejo de Ministros. Esta situación ha obligado al Gobierno a abrir la reforma a las aportaciones del Parlamento y a retrasar su puesta en marcha a otoño, una vez superada la huelga general del 29 de septiembre.

Pese a que el Ejecutivo trató ayer de justificar su cambio de postura por una cuestión de “seguridad jurídica”, lo cierto es que la exigencia de tramitar el decreto como proyecto de ley había sido expresada, entre otros, por Joan Ridao, portavoz de ERC. Además, Josep Antoni Duran Lleida, tras tachar de “churro” la propuesta del Gobierno, desveló que ha recibido presiones del PSOE para endurecer la reforma en el Congreso.

El portavoz de CiU afirmó que no está dispuesto a asumir el coste político ante “sindicatos y patronal”. “No nos podemos hacer responsables de una reforma laboral desde un grupo parlamentario de 10 diputados. El decreto que se lleve a Consejo de Ministros será el decreto del PSOE”, añadió.

El enfrentamiento entre Duran Lleida y el PSOE llevó ayer a un malentendido que a punto estuvo de romper las negociaciones entre ambos partidos. El portavoz nacionalista no aceptó las críticas de Leire Pajín y José Montilla, que le describieron como un político en manos de la patronal catalana, y canceló su entrevista con el Grupo Socialista. Finalmente, las excusas y explicaciones de Pajín, Corbacho y José Antonio Alonso zanjaron la polémica.   

El recuerdo de Aznar

La convocatoria de huelga general ratificó los temores de CiU, ya que con el trámite parlamentario y el concurso de la oposición, Zapatero podrá repartir el castigo de los sindicatos entre varios partidos. Además, el líder socialista pretende evitar a toda cosa las comparaciones con la huelga general que padeció José María Aznar en 2002. Los socialistas recuerdan que el Gobierno del PP no sólo sufrió la protesta sindical, sino que el Tribunal Constitucional rechazó en 2007 que se aprobara la reforma laboral por decreto-ley.

Así las cosas, está por ver qué partidos se implicarán finalmente en la redacción de la futura ley laboral, y cuándo quedará lista. Lo más probable es que haya que esperar al próximo periodo de sesiones, aproximándose peligrosamente al debate de los Presupuestos Generales del Estado y a las elecciones catalanas. Aunque también cabe la posibilidad de que una tramitación urgente, junto con una gran disposición de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, permita su votación antes de septiembre.