La Fiscalía retuerce las informaciones sobre Bono para dar carpetazo al caso

La Fiscalía General del Estado no investigará a José Bono. Las decenas de informaciones periodísticas publicadas en El Confidencial, El País, La Gaceta, El Mundo o Público no pasan de ser, según el Ministerio Público de Cándido Conde-Pumpido, una expresión de “genéricas sospechas”. Así se lo ha hecho saber al Partido Popular en un escrito de respuesta al que ha tenido acceso este diario.

Los populares habían reclamado a la Fiscalía hasta en cuatro ocasiones que investigue el sospechoso y súbito enriquecimiento del presidente del Congreso, para lo que aportaron las abundantes noticias aparecidas en los medios de comunicación. Sin embargo, algunas de estas informaciones han sido malinterpretadas por el Ministerio Público y utilizadas como excusa para evadirse del caso.

Concretamente, Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, alude a la exclusiva, publicada por este periódico, que reveló cómo el constructor Rafael Santamaría regaló dos caballos de competición a Bono: “Se aporta una publicación que afirma que el Sr. Santamaría regaló al Sr. Bono un caballo, pero al día siguiente el mismo diario dice que ese caballo fue pagado –especificando incluso que el pago se hizo en metálico, en billetes de 500- por el propio Sr. Bono”.

Efectivamente, el ex presidente manchego entregó 100.000 euros en billetes de 500, envueltos en papel de periódico, a un estrecho colaborador para que comprara un caballo en Francia (el Farceur du Haul). Pero la Fiscalía obvia, de forma sorprendente, que este animal se registró a nombre de Rafael Hoteles S.A. y que la factura, emitida cuatro meses después de la compra en metálico, se hizo a nombre de la citada sociedad de Rafael Santamaría. Asimismo, José Bono Rodríguez, hijo del político socialista y jinete de profesión, compitió y mantuvo en su hípica otro caballo, el Jikael de la Babette, también registrado a nombre de Rafael Hoteles.

La Fiscalía tampoco quiere que se estudien los contratos de la Junta de Castilla-La Mancha con los empresarios amigos de Bono, como Santamaría o Rafael Hernando, El Pocero. “Es evidente que requerir a un Gobierno de una Comunidad Autónoma nada menos que la documentación de todos los contratos realizados durante diez años, periodo en cuya mayor parte además Sr. Bono no tenía cargo oficial alguno en dicha Comunidad, con el mero objetivo de buscar en dichos contratos alguna irregularidad vinculada a su patrimonio que permita imputarle un delito, constituiría un caso paradigmático de inquisición general”.

Una “inquisición” sin indicios

El concepto de “inquisición” contra el presidente del Congreso se repite en el escrito del Ministerio Público para asegurar que no se puede abrir una investigación “sin indicios de comisión de un presunto delito”. Tampoco cuando el PP recuerda la doctrina sobre el cohecho pasivo impropio que el Tribunal Supremo ha aplicado con Francisco Camps, la Fiscalía considera que es aplicable. A su juicio,  ni siquiera “las diversas relaciones económicas entre el Sr. Bono y D. Rafael Santamaría permite acudir, sin más, al mencionado tipo penal”.

El extraordinario incremento patrimonial de la familia Bono, o el modo en que diversas empresas pagaron las obras de su hípica, tampoco constituyen elementos suficientes para el Ministerio Público. De hecho, subraya que en España “no existe ninguna norma que tipifique por sí solo como delito el incremento patrimonial injustificado”, aunque matiza que sí existe en otros países.

Estos argumentos no han convencido al PP, que, ante la pasividad de la Fiscalía, baraja elevar el caso al Tribunal Supremo. María Dolores de Cospedal anunció ayer que su partido exigirla la comparecencia en el Congreso de Conde-Pumpido “para que dé cuenta de sus actuaciones y de la diferente forma de actuar según se trate de personas vinculadas a un partido u otro”. La secretaria general del los populares añadió que el escrito de la Fiscalía “no se refiera a la denuncia formal presentada por el PP el pasado miércoles, y que no ha sido tenida en cuenta”. Para el PP, el caso Bono no está cerrado.