El PP propondrá un registro de los regalos de más de 150 euros a los ministros

El PP propondrá la creación de un registro público en cada ministerio y en la presidencia del Gobierno en el que deberán figurar los regalos por valor de más de 150 euros que reciban los ministros, vicepresidentes y el presidente del Gobierno. Planteará también una reforma del Código Penal que ajuste los supuestos de cohecho a las conductas concretas de los cargos públicos.

 

El Grupo Popular registrará su iniciativa cuando el diputado Rafael Hernando termine la ronda de preguntas a los subsecretarios de los distintos ministerios sobre los regalos que han recibido los ministros. Según las respuestas que ha obtenido hasta el momento, ningún ministro ha recibido “regalos tan significativos” en los dos últimos años que les hayan llevado a devolverlos o a entregarlos al patrimonio del Estado, tal como dispone el código de buen gobierno elaborado en 2005 por el entonces ministro Jordi Sevilla.

Para Hernando, “esta coincidencia en las respuestas indica que después de la negativa a contestar por escrito y de que el presidente del Congreso, José Bono, les obligase a comparecer y responder verbalmente, ha funcionado la consigna de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega de que digan todos lo mismo”. Para acabar con esa opacidad, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Saénz de Santamaría, planteará la creación del registro de regalos con un criterio similar al que rige en otros gobiernos europeos y en el colegio de comisarios de la Unión Europea.

El presidente y los comisarios europeos están obligados a registrar todos los regalos cuyo valor supere 150 euros. De este modo los ciudadanos pueden saber, por ejemplo, que el español Joaquín Almunia recibió de una persona privada una litografía de César Galicia, un estupendo diccionario de diez tomos, metopas, cuadros, estatuillas y un juego de té. El registro es público y se actualiza cada mes.

Evitar acusaciones infundadas

El PP planteará además una reforma del artículo 426 del Código Penal con el fin de establecer una relación precisa entre los regalos y las actuaciones de las autoridades que los reciben. Tal como está redactado el precepto, cualquier autoridad o funcionario que admita dádiva o regalo en consideración a su cargo incurre en “cohecho” aunque su actuación sea legal. Los populares entienden que si no se establece una relación más precisa entre “un regalo y una actuación concreta” se abre la vía para que cualquier persona que haya hecho un regalo a una autoridad pueda acusarle de cometer un delito, “lo cual es una barbaridad”, sostiene Hernando.

La conveniencia de ajustar la tipificación del llamado “cohecho positivo impropio” se produce tras la acusación al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, de recibir regalos, y tras la petición del PP a la Fiscalía de que investigue los regalos a Bono y a sus familiares cuando eran presidente de Castilla-La Mancha.