Manos Limpias presenta centenares de denuncias que terminan en la papelera
El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que está a punto de conseguir la suspensión del juez Baltasar Garzón y que consiguió que un tribunal condenara al ex
El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que está a punto de conseguir la suspensión del juez Baltasar Garzón y que consiguió que un tribunal condenara al ex presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, presenta cada año una media de cincuenta denuncias en los tribunales y ante la Fiscalía General del Estado, según datos recogidos de su página web. Denuncias que en muy contadas ocasiones se transforman después en querellas: 32 desde el año 2003 por las 365 denuncias en el mismo periodo de tiempo, la mayoría de las cuales no son admitidas a trámite y se quedan por el camino.
Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, asegura a este diario que el sindicato cuenta con 6.700 afiliados y simpatizantes, fundamentalmente en la función pública, y representantes sindicales en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Castilla y León, aunque de su actividad en defensa de los trabajadores nada se conoce. Con un presupuesto anual reconocido que oscila entre los veinte mil y los treinta y cinco mil euros, Bernard dice que su intensa actividad en los tribunales es posible por las aportaciones económicas desinteresadas de sus simpatizantes, que les permiten pagar las fianzas judiciales para personarse como acusación popular. “Nos han investigado de arriba abajo y no han encontrado nada irregular –manifestó a este diario -. Mi patrimonio se reduce a un piso que mi padre me compró cuando me casé en 1969. No nos subvenciona el PP, como nos acusan, ni ningún otro partido u organización. Detrás de nosotros no hay nada raro. Nos financiamos con campañas en las que hacemos un llamamiento a afiliados y simpatizantes para que ingresen el dinero que puedan en la única cuenta que tiene el sindicato”.
Mucho ruido y pocas nueces
La actividad de Manos Limpias se resume a la perfección en el título de una obra teatral de Shakespeare: ‘Mucho ruido y pocas nueces’. Cada año presenta en los tribunales y la fiscalía una media de cincuenta denuncias por los temas más variopintos (el récord son las 77 en 2006). Escritos que justifican en base al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) que dice que quienes “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, el tribunal competente y al juez de instrucción (…)”
“Las denuncias las presentamos en los juzgados de instrucción y en la fiscalía, y si no las atienden las transformamos en querellas”, asegura Bernard. Una afirmación que no avalan las cifras antes citadas, que demuestran que la mayoría de sus denuncias terminan en la papelera con desigual éxito mediático. Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron a este diario los numerosos escritos que reciben y que son desestimados.
Casos ‘estrella’
Sus dos “joyas de la Corona” en este momento son el “caso Gürtell” (1.500 euros de fianza) y la causa por prevaricación contra el juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo (6.000 euros de fianza). Este procedimiento se sostiene con su sola acusación –para el fiscal no hay delito- y puede acabar con la carrera del juez más mediático. Garzón es, de hecho, una de sus ‘bestias negras’, como demuestra que durante los últimos años hayan arremetido en numerosas ocasiones, siempre sin éxito, contra el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las razones son de todo tipo; desde entrevistar a Felipe González a ensalzar al presidente del Gobierno, participar en un mitin contra la guerra de Irak o recibir retribuciones de la Universidad Complutense sin acudir a su puesto de trabajo, por citar solo algunas de las decenas de iniciativas que han emprendido contra Garzón. Ninguna prosperó. El matrimonio entre homosexuales, la píldora Viagra, Los Lunnis, o el color rojo de la bandera de la Comunidad de Madrid han sido otros motivos de denuncia que retratan a sus promotores. Su principal éxito fue la condena a un año y medio de inhabilitación para cargo público al ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa por negarse a disolver el grupo parlamentario de Socialista Abertzaleak, la marca de Batasuna en la cámara de Vitoria. Kontxi Bilbao y Gorka Knorr, miembros también de la mesa del parlamento, fueron igualmente condenados.
Sólo en una ocasión la Justicia respondió a su vocación de denuncias que a nada llegan. Fue tras los atentados del 11-M en Madrid. Manos Limpias se querelló contra el juez instructor de la causa, Juan del Olmo, y la fiscal, Olga Sánchez, a los que acusó de haber destruido pruebas, en línea con la ‘teoría de la conspiración’ alentada desde la derecha. El Tribunal Supremo no sólo no admitió a trámite la querella, sino que denunció a sus promotores por un delito de acusación y denuncia falsa. Denuncia que posteriormente fue archivada.
Pasado ultraderechista
La ingente cantidad de escritos que Manos Limpias genera corre a cargo de cinco despachos de abogados que coordina el letrado Jaime Alonso García, ninguno de los cuales cobra minuta por su condición de afiliados al sindicato. Ex presidente nacional del sindicato ultraderechista Fuerza Nacional del Trabajo, no respondió ayer a las llamadas de este diario. “No soy ultraderechista, ni he militado en Fuerza Nueva como se ha dicho, sino constitucionalista y legalista”, dice Bernard, que reconoce que fue secretario general del partido ultra Frente Nacional, fundado en 1986 por Blas Piñar tras la disolución de Fuerza Nueva en 1982, que él mismo había fundado en 1966. Tras su disolución en 1994 Bernard creó el sindicato Manos Limpias.
El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que está a punto de conseguir la suspensión del juez Baltasar Garzón y que consiguió que un tribunal condenara al ex presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, presenta cada año una media de cincuenta denuncias en los tribunales y ante la Fiscalía General del Estado, según datos recogidos de su página web. Denuncias que en muy contadas ocasiones se transforman después en querellas: 32 desde el año 2003 por las 365 denuncias en el mismo periodo de tiempo, la mayoría de las cuales no son admitidas a trámite y se quedan por el camino.