El Tribunal de Cuentas abre una causa por la frustrada medalla de Aznar en EEUU

El auto del Tribunal de Cuentas precisa que la "responsabilidad contable" puede derivarse de "la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público, si la finalidad contractual hubiese sido privada y no pública.

El Tribunal de Cuentas tratará de aclarar la cantidad que efectivamente pagó el Gobierno de Aznar a un lobby de Washington, 'Piper Rudnick', para lograr ese objetivo, si la contratación se efectuó de acuerdo con la ley y que, en caso contrario, se obligue a los presuntos responsables a devolver el dinero al tesoro público.

El 3 de febrero, el Tribunal de Cuentas abrió las diligencias preliminares por la denuncia presentada por los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación 'Preeminencia del Derecho'. Una denuncia dirigida a los integrantes del Consejo de Ministros que en su reunión del 26 de diciembre de 2003 "tomaron el acuerdo de gasto de 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa norteamericana 'Piper Rudnick'.

Según indicaron los abogados en su denuncia, ese contrato del Consejo de Ministros se hizo "por el procedimiento de imperiosa urgencia", por lo que se omitieron otras ofertas. Añadieron que en los servicios que incluía ese contrato, y que por tanto debía cumplir la sociedad 'Piper Rudnick', aparecen "las actividades dedicadas a la consecución de una Medalla de Oro" a Aznar por el Congreso de Estados Unidos, algo que no estaba previsto en la contratación. Sobre tales actividades, indican los denunciantes, hay dos facturas, pero si en la primera figuraba la gestión de la concesión de la Medalla, en la segunda tal cometido queda omitido y a él se alude como "asuntos del Congreso".

Los abogados Mazón y Martínez iniciaron un proceso contencioso-administrativo por considerar que para la obtención de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos "no debían utilizarse medios públicos" al ser ésta una "aspiración personal" de Aznar. Debido al "silencio administrativo", los abogados recurrieron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, aunque ambas instituciones desestimaron el recurso.