EL MAGISTRADO, MÁS CERCA DE SENTARSE EN EL BANQUILLO POR COHECHO Y PREVARICACIÓN

Dos abogados de provincias dejan noqueado al 'superjuez' Garzón

Dos modestos abogados de provincias, el murciano José Luis Mazón y el alicantino Antonio Panea, han logrado poner contra las cuerdas al superjuez Baltasar Garzón, que

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    Dos modestos abogados de provincias, el murciano José Luis Mazón y el alicantino Antonio Panea, han logrado poner contra las cuerdas al superjuez Baltasar Garzón, que ya acumula tres causas abiertas en el Tribunal Supremo. El magistrado de la Audiencia Nacional dio ayer un paso más hacia el banquillo de los acusados tras ser citado a declarar en calidad de imputado por el alto tribunal, que deberá decidir si Garzón cometió los delitos de cohecho y prevaricación por haber aceptado fondos del Banco Santander para financiar su estancia académica en Nueva York entre 2005 y 2006, como sostienen Mazón y Panea en su querella.

    Les han acusado de pertenecer a la ultraderecha, de estar al servicio del PP, de actuar por resentimiento, de ser unos profesionales fracasados, de perseguir protagonismo y dinero... Pero las críticas y las presiones, lejos de acobardarles, hace tiempo que les resbalan. "¿Dinero? Esto nos está costando nuestros ahorros", se defiende Mazón. "Ni tenemos, ni buscamos ni aceptaríamos patrocinio alguno. Es una cruzada particular contra la arbitrariedad judicial al más alto nivel, un modesto grano de arena para mejorar la democracia. Porque la expulsión de Garzón de la carrera judicial supondría un salto de calidad para nuestro sistema de libertades", añade el abogado.

    Mazón, 50 años, nacido en Orihuela (Alicante) pero murciano de adopción, ex asesor laboral del sindicato CCOO, conoció a su colega Panea en 2004. Jamás se habían visto hasta que se cruzó en su camino el ya desaparecido Rafael Pérez Escolar, también abogado, juez en excedencia, economista y consejero de Banesto con Mario Conde hasta que el Banco de España intervino el banco el 28 de diciembre de 1993. Pérez Escolar, fallecido en 2007, fue condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación indebida, y tras la compra de Banesto en subasta por el Banco Santander se embarcó en una lucha sin cuartel contra Emilio Botín, con el que mantuvo abiertos más de una treintena de pleitos, la mayoría de ellos fallados en su contra.

    Contra el juez "incorruptible"

    El cordón umbilical que unió a estos dos abogados fue Pérez Escolar. Panea colaboraba desde muy joven en su bufete de abogados, y Mazón le conoció en 2000, cuando le encargó que llevase su defensa en el caso Banesto hasta el mismísimo Comité de Derechos Humanos de la ONU. "Lo que nos animó a Antonio y a mí a llevar ante los tribunales a Garzón, que iba de juez incorruptible, fue descubrir que había dado carpetazo a una querella de Pérez Escolar contra Botín después de haber pedido dinero al presidente del Banco Santander para financiar su estancia en Estados Unidos. Eso era prevaricar, y había que desenmascararlo", sostiene Mazón.

    El abogado se refiere a la querella presentada en 2006 por Pérez Escolar contra Botín y otros 20 consejeros y ex ejecutivos del Santander Central Hispano -entre ellos el ex presidente de Bankinter Jaime Botín; su actual responsable, Ana Patricia Botín, y el ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz- por la supuesta apropiación indebida de 4.500 millones de euros pertenecientes a Banesto. Garzón archivó la querella el 28 de noviembre de aquel año -poco después de regresar de su año sabático en Nueva York supuestamente financiado por Botín- argumentando que, pese a estar "bien armada, se funda en una cadena de hipótesis no contrastadas".

    "El trabajo quijotesco que estamos haciendo Antonio y yo tendría que haberlo hecho la Fiscalía, que tiene muchos más medios, pero ha preferido mirar hacia otro lado", asegura Mazón. "El género humano está tan deteriorado que muchos no alcanzan a entender que alguien pueda actuar sólo por altruismo. Pues sí, aunque parezca mentira, se puede", añade el abogado.

    Garzón declarará como imputado ante el Tribunal Supremo el próximo 15 de abril por los cobros en Estados Unidos. Será la segunda vez que lo haga en poco más de seis meses, aunque el pasado mes de septiembre fuera en una causa bien distinta: las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo

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