Mercasevilla tendrá que cerrar si paga los 9 millones que debe a 43 prejubilados

Mercasevilla no gana para sustos. Aparte de la maraña judicial que sufre, la compañía ha comprado todas las papeletas para echar el cierre. Irá a la quiebra técnica si paga los nueve millones de euros que adeuda a 43 prejubilados. “Está en serio peligro la existencia de Mercasevilla”, denuncia a El Confidencial el presidente del Comité de Empresa, Rafael Domínguez.

Los 200 trabajadores que actualmente forman la plantilla siguen cobrando al día sus nóminas, pero temen que el Ayuntamiento de Sevilla acabe privatizando la empresa. “Ahora mismo”, detalla Domínguez, “funcionamos por inercia, sin rumbo; la cosa va porque cada empleado sabe muy bien, por la experiencia de los años, lo que tenemos que hacer, pero nadie planifica ni controla nada. A la dirección sólo le preocupan los problemas judiciales”.

La representación sindical también muestra su preocupación por los ‘números rojos’ destapados por la consultora Deloitte. El informe del ejercicio 2008 revela que las pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros mientras los pasivos de la empresa podrían superar los once millones de euros. En la etapa del ex director general Fernando Mellet se repartieron  dividendos de 258.000 euros.

Eso sí, otro informe, esta vez de Price Waterhouse, no ofrecía datos negativos. Incluso desde el propio Gobierno municipal se ha culpado a esta consultora de “no haber hecho bien su trabajo”. El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la ampliación de la auditoría de Deloitte. ¿La explicación? El coste. Según los dirigentes municipales, se necesitarán 15 auditores durante un año. Según Antonio Rodrigo Torrijos, portavoz de IU, coalición que gobierna junto al PSOE, no habría seguridad de conocer nuevos detalles de las cuentas de la empresa mixta.

Más. Las conversaciones que destaparon la trama de sobornos, pidiendo dinero directivos de Mercasevilla a empresarios del grupo La Raza a cambio de las gestiones para obtener una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por un valor de 900.000 euros, está poniendo en jaque al actual responsable de la compañía, Jordi Aymó,  ex director general del mercado mayorista de Barcelona (Mercabarna).

Aymó se ha tenido que tragar el marrón de aceptar en su organigrama al ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales y cuyo despido fue declarado improcedente por el Juzgado de lo Social número 11. Ponce se reincorporó el pasado lunes en su categoría de director de la unidad alimentaria.

Mercasevilla, sociedad mixta compuesta por el Ayuntamiento de Sevilla como accionista mayoritario (51,25%), la sociedad estatal Mercasa (48,20%), dependiente de la SEPI y del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se plantea desembolsar los nueve millones de euros del ERE. También una posible ampliación de capital.