El déficit desborda al Gobierno y pone en riesgo la triple A de la deuda de España

El peor de los escenarios posibles se está cumpliendo. El paro no da tregua, el IPC repunta y las cuentas públicas no sólo no mejoran, sino que empeoran de forma abrupta. Hasta el punto de que el año 2009 se cerró con un desequilibrio presupuestario equivalente al 11,4% del Producto Interior Bruto, de largo el mayor nivel registrado por la economía desde que existen series históricas. Eso quiere decir que el sector público se gastó el año pasado unos 110.000 millones de euros más de lo que ingresó, lo que da idea del deterioro de las cuentas públicas.

 

La cifra es, incluso, sensiblemente superior a la prevista por el Ejecutivo hace pocas semanas, cuando aún insistía en público y sin titubear que era posible acabar el año con un déficit presupuestario del 9,5% del PIB.

La causa tiene que ver con un deterioro general de las cuentas públicas. Y así, mientras que la administración central cerró el año pasado con un déficit del 9,5%, las comunidades autónomas registraron un desequilibrio del 2,2%, mientras que los ayuntamientos sumaron números rojos por valor del 0,5% del PIB. La Seguridad Social fue la única administración con superávit (un 0,8%), pero básicamente por los rendimientos del Fondo de Reserva, por el beneficio de las mutuas de accidentes de trabajo y por el ahorro que le ha supuesto no tener que abonar una paga extra en 2009 por la baja inflación.

El aumento del déficit compromete la calificación crediticia de la deuda pública española, que en las últimas semanas está siendo acosada en los mercados internacionales. El diferencial con Alemania se situó este jueves en 86 puntos básicos, el peor registro desde los días de mayor turbulencia financiera mundial, cuando los inversores se refugiaron en la deuda pública alemana.

La calificación crediticia de España continúa siendo triple A para dos de las tres grandes agencias de calificación Moody`s y Fitch (no así para Stantard&Poor´s), pero a la luz de los datos de 2009, parece probable que hagan un nuevo análisis sobre España más pegado a la nueva realidad. Lo mismo que han hecho con Grecia, aunque el caso de España y el del país heleno no son exactamente iguales. Una revisión a la baja de la deuda aumentaría el diferencial con Alemania, y con ello se encarecerían los gastos financieros del país, no sólo del sector público (Estado y administraciones territoriales) sino también de los agentes económicos privados que tienen que acudir a los mercados en busca de financiación.

Esta revisión es la que puede explicar la ofensiva del Gobierno por intentar demostrar a los inversores extranjeros que España “es un país serio y cumplidor”, como dijo el presidente Zapatero este jueves en Davos. El Ejecutivo teme una revisión con perspectivas a la baja, y de ahí que haya planteado de la noche a la mañana –sin ningún consenso previo- una medida que va tener tanta contestación social como es la de alargar la edad de jubilación a los 67 años. La medida es dura en términos sociales, pero en términos económicos es extremadamente rentable para la Seguridad Social. La ministra de Economía calculó ayer que si la medida se aprueba en los términos previstos (en 2025 los trabajadores se jubilarían a los 67 años),  el gasto en pensiones bajaría alrededor de cuatro puntos de PIB.

Guiño a los inversores extranjeros

El Gobierno, al mismo tiempo, y para hacer un guiño a los inversores extranjeros ha propuesto un recorte del gasto verdaderamente espectacular, pero que a priori resulta algo más que voluntarista. Es simplemente increíble porque establece un horizonte de reducción del déficit que hoy por hoy no está avalado con propuestas concretas de reducción del déficit. Básicamente por una razón, la vicepresidenta Salgado dijo ayer tras el Consejo de Ministros que no es intención del Gobierno reducir el gasto ni en Educación, ni en I+D+i, ni en ayuda al desarrollo, ni en sueldo de los empleados públicos. El Gobierno tampoco tiene intención de modificar el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas (11.000 millones) y lógicamente tiene que hacer frente a gastos inamovibles que hay que pagar en cualquier caso, como es el servicio de la deuda, el pago de las prestaciones por desempleo o el dinero que se ingresa en la Unión Europea.

Con estas limitaciones, el margen de maniobra del Ejecutivo es algo más que estrecho. Y ayer la propia Salgado no fue capaz de identificar en qué partidas se recortará el gasto, tan sólo habló de destinar menos recursos a ‘transferencias corrientes’, pero sin que el recorte afecte a las comunidades autónomas. En lo único que dio una pista se refiere a la oferta pública de empleo, cuya tasa de reposición sólo se cubrirá en un 10%, por debajo del 30% pactado hace apenas cuatro meses con los sindicatos. A su lado, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dejó  bien claro que el Gobierno mantendrá el pacto salarial con los sindicatos, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a los empleados públicos hasta el año 2012.

Estas posiciones tan vagas chocan con el calendario de reducción del déficit aprobado ayer por el Consej de Ministros, y que prevé que el desequilibrio del Estado pase de representar el -9,5% del PIB en 2009 al  -6,2% en 2010. Es decir, que el Ejecutivo pretende hacer un ajuste presupuestario de nada menos que 30.000 millones de euros en un solo año y no dice cómo lo´hará más allá de enunciados generales. Eso sí, dejando al mismo tiempo claro que no subirá los impuestos, como aseguró Salgado. Economía habla de que las principales actuaciones se centran en reducción de gastos de personal (-0,3% del PIB), gastos de funcionamiento (-0,2%), inversiones (-0,5%) y transferencias y otros gastos (-1,6%).

Lo más sorprendente, sin embargo, es que es el propio Gobierno quien reconoce que este año será un mal ejercicio desde el punto de vista macroeconómico. El PIB caerá un 0,3% (media anual) y el consumo privado (crucial desde el punto de vista de la recaudación) seguirá en tasa negativas (-0,1%). Con estos mimbres, Economía sostiene que es posible reducir el déficit en tres puntos del PIB, algo que nunca ha logrado este país ni siquiera cuando el Producto Interior Bruto aumentaba por encima del 4%.Y con más de cuatro millones de parados que consumen al año más de 30.000 millones de euros en prestaciones por desempleo.