La aplicación de la Ley de Dependencia suspende en seis Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla

La Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Madrid, Baleares, Extremadura y el IMSERSO (en Ceuta y Melilla) suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, frente a Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco, que obtienen un notable alto, según el IV dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia.

En la escala de evaluación de datos oficiales disponibles el 1 de diciembre pasado sobre la aplicación de la ley, la Comunidad Valenciana y Canarias obtienen 0,5 puntos; Murcia, 1; Madrid, 2; Baleares, 3; Extremadura, 4; y el IMSERSO (dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social), 4,5.

Aprueban con 5 Asturias, Cataluña y Galicia; Cantabria consigue 6,5; Navarra y Aragón, 7; y Castilla y León y La Rioja, 8,5, según una nota remitida por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

El Observatorio, reunido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), considera "muy preocupante" que una tercera parte de la población española viva en comunidades autónomas en las que existe "falta de voluntad institucional" de implantar el sistema, y cita en este caso a la Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia.

Las CCAA que han integrado la dependencia en sus redes de servicios sociales y que han contado con las entidades locales consiguen mejores resultados que las que han optado por modelos de gestión "centralizados" y han creado estructuras "paralelas". Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Euskadi o Navarra son "ejemplo positivos" de la colaboración entre las administraciones autonómicas y locales, con un incremento de recursos para que éstas últimas puedan cumplir sus funciones.

En el capítulo de gasto autonómico por habitante y año, la diferencia máxima se sitúa entre los 71,47 euros de La Rioja y 71,42 de Cantabria y los 5,18 de Murcia y 4,01 de Baleares.

Por encima de la media (30,7) están Asturias (36,87), Aragón (37,96), Castilla-La Mancha (42,14), Andalucía (50,09) y Castilla y León (57,85). Por debajo, Galicia (27,01), Cataluña (25,84), Extremadura (24,15), Madrid (20,64), Comunidad Valenciana (19,65) y Canarias (-1,9)

El Observatorio ha estudiado un informe que evidencia que algunas CCAA aportan cerca del 50 por ciento del coste real de las prestaciones y servicios que proporcionan, pero otras apenas llegan al 10 por ciento (Murcia y Baleares).

Canarias, se precisa, "podría estar generando ingresos extraordinarios por la aportación estatal para lo que debería ser, y no es, atención a personas en situación de dependencia (...) Por cada persona en situación de dependencia que atiende esta comunidad, no sólo no realiza aportación alguna, sino que ingresa casi 2 euros en 2009".

Así, el Observatorio urge a revisar los criterios de distribución de créditos estatales a las CCAA y los mecanismos de control.

La evaluación, cuya media entre todas las CCAA es de 5 sobre 10, tiene en cuenta factores como el número de solicitudes, dictámenes y beneficiarios sobre el total de población, personas con derecho aún pendientes de prestación o servicio, integración efectiva en la red local de servicios sociales o alta de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social.

Hasta el momento, están valoradas el 89,2% de las solicitudes presentadas, pero al 37% de las personas que tienen derecho a los servicios o prestaciones económicas no les han sido prescritos aún. Se trata de 253.741 personas que están un "auténtico limbo". La mayor distancia de casos pendientes de asignar prestación o servicio se da entre Canarias (61,8%) y Castilla y León (15%).

En los tres primeros años de aplicación de la Ley de Dependencia, 565.218 personas han recibido alguno de los servicios y prestaciones económicas de su catálogo, y 463.303 siguen percibiéndolos en estos momentos.