Zapatero ha desautorizado ya a más de la mitad de los ministros de su Gabinete

Errores, rectificaciones, improvisación, contradicciones, descoordinación... A falta de poco más de dos años para las elecciones generales, el desaliento se ha apoderado del PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero sigue siendo el líder indiscutible, pero sus decisiones empiezan a ser cuestionadas de puertas adentro mientras un silencioso derrotismo va carcomiendo las entrañas socialistas.

En La Moncloa, en Ferraz y en el Grupo Parlamentario creían que sólo el tumor de la crisis económica les impedía despegar en las encuestas, y que, si se extirpaba a tiempo, volverían a derrotar al PP en las urnas. Pero ahora han despertado de ese sueño al comprobar que la metástasis ha invadido todos los rincones del poder. Y uno de los síntomas más claros de la enfermedad es que Zapatero y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ya han desautorizado, en público y en privado, a más de la mitad de los ministros del Gobierno.

Ese desánimo generalizado por la indefinición y la falta de rumbo de la acción del Gobierno se visualizó mejor que nunca la semana pasada. El primer brote de esquizofrenia se desató el martes, 1 de diciembre, cuando Ángeles González-Sinde anunció la creación de una policía de internet que bloquearía, sin necesidad de autorización judicial, las páginas web que vulneren los derechos de autor. Sus palabras provocaron una revolución de tal calibre en el universo internauta, que dos días después Zapatero, tratando de apagar el fuego, avivó el incendio: "El Gobierno no tiene la intención de cerrar ninguna web", sentenció el jefe del Ejecutivo.

La bisoña ministra de Cultura había sido desautorizada sin contemplaciones, y los esfuerzos de De la Vega por demostrar que González-Sinde no quedó desairada resultaron tan infructuosos como poco creíbles, sobre todo porque el engendro antipiratería fue creado en los laboratorios de La Moncloa por el jefe de Gabinete de Zapatero, José Enrique Serrano, y por la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

El proyecto estrella de Zapatero

Al día siguiente, miércoles 2, Zapatero acudió al Congreso con su proyecto estrella bajo el brazo, una especie de conjuro para curar el mal de ojo de toda la legislatura: la Ley -su ley- de Economía Sostenible. Pero su exposición brumosa y un tanto atolondrada desde la tribuna de oradores, que apenas arrancó unos tibios aplausos en las bancadas socialistas, tropezó con cuantos obstáculos le salieron al paso.

Primero, las cifras de desempleo dadas a conocer esa misma mañana por Trabajo -60.593 parados más en noviembre-, que le aguaron la fiesta; luego, el rechazo frontal de todos los grupos parlamentarios al proyecto, despachado sin miramientos con el argumento común de que el modelo económico de la especulación y el ladrillo no se cambia de un año para otro a golpe de voluntarismo; y por último, el terremoto -en ese momento ya imparable- provocado por la brigada antidescargas de González-Sinde, que se coló de rondón en el texto legal en forma de disposición adicional, eclipsando el proyecto-niña-de-sus-ojos de Zapatero y robándole todo el protagonismo.

Ese mismo día, por la tarde, un nuevo desvarío sacudió a los socialistas. Contra todo pronóstico, el PSOE apoyaba en el Congreso una proposición no de ley de ERC en la que los independentistas catalanes exigían al Gobierno la retirada de crucifijos y otros símbolos religiosos de las escuelas. Lo de menos es quién pactó con ERC -un casi desconocido diputado socialista-; lo peor es que la supuesta coordinación entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario -cuya responsabilidad recae sobre De la Vega y el portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso- falló clamorosamente, abriendo una nueva vía de agua que Zapatero, otra vez, trató de taponar de inmediato.

"No está en los planes del Gobierno retirar los crucifijos de los colegios", dijo a la mañana siguiente, cuando los titulares de todos los periódicos on line y de papel, los telediarios y las tertulias radiofónicas ya habían ahondado la grieta de las contradicciones. Demasiado tarde, debió pensar Zapatero, que deseaba tanto como un dolor de muelas abrir un nuevo frente de batalla con la Iglesia, ya muy soliviantada por el casus belli de la reforma del aborto.

'Semana horribilis'

Pero la semana horribilis de los socialistas aún iba a deparar nuevos sobresaltos. El jueves 3, durante una sesión de la Comisión Constitucional del Congreso que, a priori, tenía todos los ingredientes para resultar anodina, el veterano Txiki Benegas sorprendió a propios y extraños al anunciar que el PSOE estaba dispuesto a desenterrar el recurso previo de inconstitucionalidad, como reclama el PP, un arma legal que permitiría al Tribunal Constitucional analizar con lupa las reformas de los estatutos de autonomía antes de que sean sometidas a referéndum, y no después, como ocurre ahora.

Pese a que la propuesta de Benegas es compartida por otros socialistas -entre ellos el propio presidente de la Cámara, José Bono, y el presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra-, el retén de bomberos lo encabezó esta vez De la Vega, acostumbrada a tratar con toda clase de pirómanos: "Es una reflexión muy respetable pero que no pasa de ahí, de ser una reflexión. El Gobierno, desde luego, no se plantea recuperar esa figura jurídica", zanjó la vicepresidenta primera.

Mientras tanto, Miguel Ángel Moratinos, apenas repuesto de la pesadilla del Alakrana y zarandeado por el sinvivir del secuestro de Mauritania, se cuece ahora a fuego lento en la misma olla donde borbotean los firmes ideales de la activista saharaui Aminatu Haidar, y en la que Mohamed VI agita convulsamente un caldo que ya se le ha atragantado al Gobierno. Tanto como las trapacerías de la Royal Navy británica y la policía gibraltareña, que chulean impunemente a las patrulleras de la Guardia Civil mientras Alfredo Pérez Rubalcaba, lejos de sacar sus galones, pide perdón a las autoridades del Peñón. Y Carme Chacón, a la que Moratinos primero y De la Vega después dejaron por mentirosa a propósito de los tres marineros del atunero vasco que jamás llegaron a desembarcar, cruza los dedos para que los espías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no vuelvan a pifiarla, esta vez en el desierto de Mauritania y Malí, y con Al Qaeda al acecho.

En lo que llevamos de legislatura, Zapatero y De la Vega se han tenido que emplear a fondo para desautorizar, unas veces de forma sutil y otras con mano dura, los cada vez más frecuentes patinazos y ocurrencias de los ministros. Bibiana Aído es, tal vez, la que más tirones de oreja ha recibido. La ministra de Igualdad se llevó un buen pescozón cuando criticó, a mediados del pasado año, que las musulmanas vistan "vestidos largos que les tapan el cuerpo y un pañuelo sobre la cabeza que les cubre el cabello", irritando a la comunidad islámica y al propio Zapatero, que días después dijo públicamente que "el velo no tiene por qué ser discriminatorio".

Fernández Bermejo, Corbacho, Salgado, Sebastián... 

También sufrió la censura de La Moncloa, meses antes de ser defenestrado, el controvertido Mariano Fernández Bermejo, que trató de sacar de la chistera una ley para impedir que los jueces vayan a la huelga. Su propuesta fue abortada de inmediato por De la Vega, que lanzó la idea a la papelera con el argumento de que ésa no era la prioridad del Gobierno, sino "modernizar la Justicia y hacer más eficiente su funcionamiento". El ministro de Trabajo tampoco se ha librado de probar esa amarga medicina. Hace poco más de un año, Celestino Corbacho se aventuró a anunciar que la contratación de inmigrantes en origen tenía los días contados; al día siguiente, La Moncloa le corregía: esa fórmula se mantendrá, entre otras razones, porque los contingentes de trabajadores extranjeros los fijan las comunidades autónomas y los empresarios.

Sonada fue también la desautorización de Zapatero a Salgado a finales de la pasada legislatura, cuando ésta ocupaba la cartera de Sanidad. La actual vicepresidenta económica puso en pie de guerra a bodegueros, agricultores y cooperativas agrarias al presentar un borrador de Ley del Alcohol para reducir su consumo entre los jóvenes, que incluía al vino entre las bebidas proscritas. Cuando el chaparrón de las críticas arreció -las descalificaciones llegaron incluso desde presidentes de comunidades autónomas socialistas-, Zapatero la obligó a retirar el proyecto.

Miguel Sebastián tampoco ha salido indemne. El ministro de Industria amenazó este año a los bancos por sus restricciones a la hora de conceder créditos, y dijo que al Gobierno "se le está acabando la paciencia y actuará en consecuencia". Sus palabras incendiaron el mundo financiero, pero esta vez no fue Zapatero, sino su número dos en el PSOE y actual ministro de Fomento, José Blanco, el encargado de echar el rapapolvo. "Los socialistas tenemos paciencia ilimitada con los bancos", corrigió apresuradamente Blanco.

La lista sería interminable. Pero quedaría coja si no incluyera un caso reciente que ilustra como pocos la demencia transitoria que aqueja a los socialistas. Ocurrió el pasado mes de junio, cuando el Gobierno planteó y a continuación retiró, en tan sólo seis horas, la subida fiscal a las rentas más altas. En ese corto espacio de tiempo, el PSOE pasó de pactar con IU un giro fiscal a la izquierda para gravar las grandes fortunas -y de paso ganarse su apoyo al techo de gasto presupuestario para 2010-, a arrepentirse, romper el acuerdo y dejarse querer por CiU.