‘Caso Pretoria’: cárcel sin fianza sólo para los comisionistas de los ‘pelotazos’ de Santa Coloma
El gran día llegó. Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de Convergència y del Gobierno de Jordi Pujol (consejero de Economía y secretario general
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El gran día llegó. Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de Convergència y del Gobierno de Jordi Pujol (consejero de Economía y secretario general de Presidencia respectivamente) y acusados de presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, ya tienen fianza: un millón de euros cada uno. A su avanzada edad (75 y 70 años respectivamente) se une el hecho de que no pueden destruir pruebas. De momento, sólo quedan encarcelados el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el ex diputado socialista y cerebro de la trama Luis García Sáez, alias Luigi. Paradójicamente, ni Alavedra ni Prenafeta participaron en operaciones en Santa Coloma, aunque sí lo hicieron en Badalona y en Sant Andreu de Llavaneres, embolsándose cada uno 637.590 euros.
En Santa Coloma, el mayor pelotazo que se investiga es la construcción del Centre Comercial Gramenet, donde se invirtió dinero proveniente de paraísos fiscales, canalizados por Luigi. La mecánica de las operaciones, según el juez Garzón, era siempre la misma: “Luis Andrés García Sáez, gracias a los contactos en los equipos municipales de Gobierno y sus relaciones con los empresarios y específicamente con el alcalde de Santa Coloma, ha manejado los tiempos de desarrollo urbanístico y las adjudicaciones de las obras. Una vez producidas las modificaciones urbanísticas, el beneficio se desvía hacia los intermediarios y constructores y se pagan una serie de comisiones sin aparente lógica comercial y que responderían más bien a una compleja red de tráfico de influencias políticas, municipales y empresariales para controlar los tiempos de desarrollo urbanístico y la obtención de beneficio”.
En algunas de estas operaciones fue clave la empresa Proinosa, cuyo presidente, José Singla, está en libertad bajo fianza de 500.000 euros. Proinosa recibió de Gramepark (empresa pública municipal presidida por el ex concejal Manuel Dobarco, que logró hace pocos días la libertad condicional con fianza de 200.000 euros) pagos por un total de más de 30 millones de euros del 2003 al 2007 por diversas adjudicaciones. Además, estaba a punto de obtener la construcción de un parking por más de 3 millonesde euros a pesar de que había otra empresa que tenía una mejor oferta. Singla, según el auto de Garzón, había realizado diversos pagos a diferentes personas para asegurarse la adjudicación.
En Santa Coloma, nudo gordiano de la trama, se investigan también varias operaciones: el proyecto de un parking en el barrio de Fondo, Moraguas y Banús, el mercado de Fondo, la CIBA, obras en la calle Ferran, la construcción de guarderías municipales y la concesión de la limpieza a Limasa, cuyo consejero delegado, Manuel Carrillo, está en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Limasa se hizo con la concesión a pesar de haber una mejor oferta de la empresa Rubatec. A cambio de la concesión, pagó al alcalde Bartomeu Muñoz 18.481 euros en dinero contante y sonante para “esponsorización de actividades municipales”.
Tráfico de influencias
Garzón les acusaba de que los dos políticos para los que ahora dicta fianza “utilizan sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales representados por Luis Casamitjana, que les paga las comisiones a través de Espais [inmobiliaria de la que Casamitjana es presidente] por tal actividad, procediendo al lavado (blanqueo) de las mismas según los datos que constan en la causa”. Prenafeta recibió, a través de su empresa Poliafers 1.461.590,76 euros, pagados por Espais y Procam, la inmobiliaria de Caixa Catalunya por la intermediación en la compra de unos terrenos en el Puerto de Badalona. Luego, el ex secretario general de la Presidencia con Jordi Pujol pagó a Versabitur (propiedad de Macià Alavedra) 487.500 euros en el año 2004, “cantidad muy superior a la que le correspondía (25.907 euros) por su participación, a través de Promogrup Deu SL”. Esta última empresa, participada por Alavedra, recibió en total 1,2 millones de euros en comisiones. Poliafers también dio otra parte a Zellingen, empresa vinculada a Luigi, con lo que se repartieron la comisión en tres partes iguales.
La misma operativa se realizó en Sant Andreu de Llavaneres: Poliafers recibió 451.769 euros en el año 2005 en concepto de comisión. Luego, Prenafeta pagó 150.590,04 euros a Versabitur y otro tanto a City Actividades Inmobiliarias, de Luis García.
Garzón apunta a que diversos fondos se canalizaron a través de la sociedad portuguesa Moldavite de Servicios Consultoría y que Alavedra también desarrollaba “actividades de blanqueo de capitales moviendo los fondos a través de una estructura de sociedades radicadas fuera de España”. En concreto, las investigaciones hallaron una cuenta en Suiza del ex consejero de Economía, aunque según diversas fuentes por ella se canalizaron pocos fondos.
Además de los proyectos realizados en Badalona y en Sant Andreu de Llavaneres, el magistrado investiga también su mediación en la compra-venta de terrenos para la Generalitat y una promoción urbanística en Cerdanyola del Vallès. En esta última localidad, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) compró 18.852 metros cuadrados, mientras que en El Prat se hizo con 35.580 metros cuadrados. Según el propio instituto, las operaciones comenzaron en el 2008 y la compra efectiva se hizo en el primer semestre del 2009. En Cerdanyola, los terrenos se articulaban en torno al sincrotón Alba, una plataforma del conocimiento, alrededor de la cual se encuentran más de un millón de metros cuadrados de erspacios dedicados a investigación y producción avanzada. Esta zona incluye también un nuevo barrio con 3.500 viviendas. En El Prat, se trata de una zona de seis kilómetros rayana con la Gran Via (la autovía que enlaza Barcelona y el aeropuerto) destinada a usos residenciales, comerciales, terciarios y de actividades económicas.
Investigación en Cerdanyola
El gerente del Incasòl, Emili Mas, dimitió tras ser imputado por el juez. Además de estas operaciones, el nombre de Mas se asoció a una de las operaciones realizadas en Santa Coloma. Según el primer auto de Garzón, “entre los dias 16 de abril y 29 de abril de 2009, se tuvo conocimiento de la posible emisión de facturas por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma, con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos. Las conversaciones se produjeron entre Luis Andrés García, Bartomeu Muñoz (alcalde), Pascual Vela (director de Servicios Municipales) Manuel Dobarco (concejal y presidente de Gramepark) y Emili Mas Margarit (gerente del Incasòl). Según se desprende de estos contactos, el Ayuntamiento habría modificado el destino de los fondos procedentes de subvenciones de la Unión Europea (fondos de cohesión) o empleado una suma menor a la declarada (realizar pagos relacionados con unas expropiaciones en la localidad de Santa Coloma en las calles de Sardana y de San Pascual, cuya gestión correspondía a Gramepark). Se habría justificado el empleo irregular de dichos fondos europeos mediante la emisión de facturas falsas en una suma de 1.300.000 euros”.
La operación de la compra de terrrenos en Cerdanyola, por su parte, ya fue investigada por la Fiscalía en el año 2006, aunque se archivó al no apreciarse delito. Aunque la mayor parte de los terrenos alrededor del Sincrotrón son del Incasòl, la inmobiliaria Espais también tiene propiedades en la zona. Incluso su presidente, Lluís Casamitjana, es vecino de la localidad. La organización ecologista Cerdanyola Via Verda solicitó hace un mes a Baltasar Garzón que investigase la adquisición de los terrenos porque pudieran esconder “intereses especulativos” presuntamente vinculados a la trama de corrupción Pretoria.
La Audiencia, sin embargo, investiga otros consistorios donde se han producido operaciones sospechosas, como el de Arenys de Mar. El juez también amplió recientemente el número de imputados, incluyendo, a 12 más, entre ellos las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas respectivamente,;la madre de Bartomeu Muñoz; el arquitecto de Santa Coloma, Lluís Falcó; el ex director de Política Territorial en época de Pujol y ex concejal de CiU en Mataró Genís Carbó; el ex alcalde popular de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros; el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido; el cuñado de Luigi, Wenceslao Manzanares; o el ex concejal socialista Antonio Jiménez.
El gran día llegó. Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de Convergència y del Gobierno de Jordi Pujol (consejero de Economía y secretario general de Presidencia respectivamente) y acusados de presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, ya tienen fianza: un millón de euros cada uno. A su avanzada edad (75 y 70 años respectivamente) se une el hecho de que no pueden destruir pruebas. De momento, sólo quedan encarcelados el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el ex diputado socialista y cerebro de la trama Luis García Sáez, alias Luigi. Paradójicamente, ni Alavedra ni Prenafeta participaron en operaciones en Santa Coloma, aunque sí lo hicieron en Badalona y en Sant Andreu de Llavaneres, embolsándose cada uno 637.590 euros.