La revuelta de internet obliga a rectificar a Zapatero y deja muy ‘tocada’ a Sinde

Otro error de cálculo político del Gobierno se ha traducido en un nuevo enfrentamiento con la opinión pública. La revuelta de internet contra la nueva ley antipiratería cogió por sorpresa a la mayoría de ministros y dirigentes del PSOE. Nadie en el Ejecutivo previó las consecuencias de esconder en la Ley de Economía Sostenible un plan para cerrar páginas webs sin previa autorización judicial. Y nadie preparó una respuesta capaz de mitigar la avalancha de críticas, que ayer impactó en el propio José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente del Gobierno tuvo que intervenir personalmente para calmar a la Red, dada la incapacidad de su ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que previamente se había reunido con representantes de internet sin ningún resultado. Zapatero, durante una rueda de prensa con el presidente del Parlamento Europeo, desautorizó a González Sinde y aseguró que “no se va a cerrar ninguna página web, ni ningún blog”, y anunció que se modificará el proyecto de ley para aclarar que “siempre va a prevalecer la libertad de expresión”. “Si se ha interpretado del anteproyecto alguna posibilidad de cerrar alguno de los espacios que están en la Red, ya digo que bajo ningún concepto”, afirmó.

Una vez más, Zapatero se ha visto obligado a aclarar públicamente el embrollo creado por alguno de sus ministros. La controversia proviene en esta ocasión del departamento que dirige la inexperta González Sinde, que trató de contentar a la industria de contenidos con una medida de choque contra la descarga de archivos. Pero, mientras trataba de acallar las protestas de los músicos, también con poco éxito, los usuarios de internet se levantaban en armas.

El resultado final es que la propiedad intelectual ha eclipsado el conjunto de la Economía Sostenible, uno de los proyectos ‘estrella’ de Zapatero, y ha generado malestar en las filas socialistas. En el PSOE temen aparecer ante el electorado como un partido anti internet, un medio que se espera sea fundamental en la batalla electoral de 2012, especialmente después del éxito que obtuvo en la Red Barack Obama, y de la creciente importancia del periodismo en internet y de las redes sociales.

Pero la industria cultural y las entidades de gestión, cuyas caras más conocidas hicieron campaña a favor de Zapatero en las últimas elecciones generales, presiona desde hace años para acabar con la llamada piratería o intercambio de archivos por internet. El Gobierno ya tomó el riesgo electoral de aprobar el canon digital en 2008, pese a la notable contestación ciudadana, y ahora pretende arrogarse el poder de cerrar webs obligando a las operadoras a revelar los datos de sus responsables.

Rechazo de las empresas y los partidos políticos

Una decisión que no ha satisfecho a ninguna de las partes, ya que los autores la tacharon de “insuficiente” al manifestarse el martes frente al Ministerio de Industria, y el rechazo ha sido general entre las operadoras, los usuarios, los partidos políticos y el mundo del derecho. La patronal Redtel (que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO) aseguró en un comunicado que “cualquier intento de solución que se limiten a medidas coercitivas no solucionará la situación”, y recordó que cualquier reforma debe ser compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este proyecto de ley también puede encontrarse con el obstáculo del Poder Judicial. Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, señaló a este diario que “lo más garantista y lo que más se acerca a los principios constitucionales es que estas medidas drásticas estén en manos de los tribunales de justicia”. Por su parte, la oposición ha encontrado en este asunto una vía propicia para atacar al Gobierno. Mariano Rajoy denunció ayer el “tic autoritario” de Zapatero, mientras que su vicesecretario de comunicación Esteban González Pons comparó al Ejecutivo con el régimen chino.

A los reproches del PP se unieron las de CiU y ERC, que consideraron desleal el modo de aprobar esta medida, al margen del Congreso y de los grupos parlamentarios. Como sucedió en verano con la ayuda de 420 euros a los desempleados, Zapatero respondió ayer al torrente de críticas anunciando cambios en un proyecto recién aprobado por el Consejo de Ministros. Pero ahora, el desafío que afronta es doble: cumplir su palabra de que no se cerrarán webs, y satisfacer las demandas de los autores. “Cualquier país serio, cualquier gran país, procura proteger la propiedad intelectual”, advirtió Zapatero. Sin embargo, no aclaró cómo.