Guerra sucia entre convergentes y socialistas a cuenta de la mujer de Montilla

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) han subido el tono de las acusaciones múltiples. Destacados militantes de ambos partidos se han visto envueltos en el reciente escándalo del cobro de comisiones y blanqueo de capitales que investiga el juez Baltasar Garzón en la Operación Pretoria. Ahí están los ex altos dirigentes de CDC Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, que en su tiempo fueron dos de los hombres más poderosos de Cataluña. Pero también el ex diputado del PSC Luis García Sáez, más conocido como Luigi, o los militantes y miembros del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco y Pascual Vela, alcalde, concejal de Urbanismo y jefe de servicios del consistorio respectivamente.

 

Sin embargo, los convergentes tienen también encima la acusación reiterada por los fondos que recibieron del ya ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet -protagonista también de otro sonado escándalo-, no sólo a través de un convenio entre la propia fundación del Palau de la Música y la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, sino también a través del dirigente Àngel Colom, que asegura que utilizó 75.000 euros recibidos para saldar las deudas del Partit per la Independència (PI), su anterior aventura política.

 

Así las cosas, los dirigentes de CDC se agarran a un clavo ardiendo: el secretario general adjunto de esta formación, Felip Puig, criticó ayer la acumulación de cargos de Anna Hernández, la esposa del presidente de la Generalitat, José Montilla. Según Puig, Hernández tiene una veintena de cargos públicos en su haber. “Yo no me imagino a Marta Ferrusola [esposa del ex presidente Jordi Pujol] ocupando cargos de consejera del Túnel del Cadí, de La Caixa y del Consejo Comarcal del Baix Llobregat y siendo además la primera teniente de alcalde de un ayuntamiento y la concejala de Urbanismo”.

 

Fuentes de CDC consultadas por este diario quitaron hierro al asunto. “Felip no aireó el tema. Sólo respondió a una pregunta que le hicieron. Su intención no era provocar una guerra por este motivo y no entró al trapo en el tema”, señalan estas fuentes. Pero desde la calle Nicaragua, donde está la sede del PSC, el tema se ve de distinta manera. “Esto es guerra sucia. Lo que ha dicho Felip es una intoxicación pura y dura, entre otras cosas, porque la mayor parte de los cargos que citó no son verdad. Ni es consejera de La Caixa ni está en el Consejo Comarcal, por ejemplo. Lo que ha hecho es, pues, una verdadera declaración de guerra, que sólo se puede arreglar con una rectificación pública pidiendo disculpas”, dijo a El Confidencial un alto cargo socialista.

 

Un anónimo con falsedades

 

Puig, en realidad, se hacía eco de un anónimo que comenzó a circular esta semana a través del correo electrónico. Dicho correo, que llegó también a la redacción de El Confidencial, detalla quince cargos de Anna Hernández: primer teniente de alcalde de Sant Just Desvern; concejala de Urbanismo en esta localidad; presidenta de Proecsa; presidenta de Promunsa; gerente del Consorcio de la Colonia Güell; consejera del Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat de la Diputación de Barcelona; consejera de Foment de Ciutat Vella, organismo de la Diputación; consejera de Túnel del Cadí SA; consejera de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Viaria; Delegada del área de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Barcelona; consejera de La Caixa; consejera del Consejo Comarcal del Baix Llobregat; vocal del Consorcio Sanitario Integral; vocal de Fundació Caviga; y consejera del área de Salud del Área Metropolitana de Barcelona.

 

El correo comienza con una pregunta con trampa: “¿Qué ilustre dama ocupa todos estos bien pagados cargos?”. Ello induce a confusión, ya que la mayor parte de los cargos son consecuencia de su pertenencia al Ayuntamiento y a la Diputación. Es decir, que el hecho de que sea presidenta de Promusa o Proecsa, por ejemplo, no le reporta ningún beneficio económico, ya que normalmente el presidente es el concejal del ramo o la persona que el consistorio designe. Lo mismo cabe decir de todos los cargos relacionados con organismos que dependen de instituciones públicas.

 

Fuentes de CDC señalan que “se sabe que la señora Hernández es muy trabajadora, pero existe una gran incógnita: ¿De dónde saca el tiempo para pertenecer a todos estos organismos? Ya suponemos que no cobra de todos, lo que sería un escándalo mayúsculo, pero sí llama la atención el hecho de que esté en tantos sitios, cuando la concejalía de Urbanismo de Sant Just, por ejemplo, es un cargo que absorbe mucho por el gran volumen de trabajo que representa”.

 

Pero lo cierto es que en la lista se incluyen varias falsedades, como atribuirle la gerencia del consorcio de la Colonia Güell, que recae sobre Eugenia García. Tampoco es miembro de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Viaria ni del Consorcio Sanitario Integral, donde sí es vocal, en cambio, Rosa Boladeras, presidenta del consejo comarcal del Baix Llobregat. En Túnel del Cadí tampoco ha figurado como consejera. En cambio, sí que había sido adjunta a la presidencia del Consejo Comarcal del Baix Llobregat hasta hace un par de años, como representante del Ayuntamiento de Sant Just.

 

Sin embargo, en la lista anónima que circula, todavía faltan organismos en los que participó Anna Hernández: desde mediados del año pasado hasta primavera de este año, fue consejera delegada y vicepresidenta de Societat Municipal d’Habitatge de Lliçà d’Amunt SL y de Promotora d’Habitatge de Santa Eulàlia de Ronçana, ambas dedicadas a la promoción de vivienda pública. Estos cargos eran también compaginados con un puesto de consejera de la Societat Municipal d’Habitatge de Santa Margarida i els Monjos. En estas sociedades públicas figuró como consecuencia de sus responsabilidades en la Diputación de Barcelona, donde es responsable del área de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda.

 

Una conexión nada clara

 

El correo también tiene una anotación al margen respecto a Promusa, con el lema: “Ojito: Promusa es una de las empresas relacionadas con la trama del caso Pretoria”. Lo cierto, sin embargo, es que hasta el momento el nombre de esta empresa no ha salido en ningún sitio, ni siquiera en el auto del juez Garzón. Ello no es óbice como para que el asunto corra como la pólvora.

 

Desde las filas socialistas se arguye que Anna Hernández tiene como principal ocupación su labor en Sant Just Desvern y en la Diputación. Y la mayoría de cargos en organismos apenas le ocupan tiempo, ya que muchos de ellos representan que ha de asistir durante una hora a un consejo de administración cada mes o incluso cada más tiempo. “Convergència haría bien en mirar los cargos que copan sus dirigentes, como cuando Artur Mas estaba en la Generalitat. O, por ejemplo, las sociedades y organismos en los que está el alcalde de Sant Cugat del Vallès, Lluís Recoder, sin ir más lejos y por hablar de un cargo en activo. La lista de Anna Hernández se puede quedar muy corta en comparación con la lista que nos puede salir de Recoder”, argumentan las fuentes citadas.

 

En algunos círculos socialistas, sin embargo, se ve con desconfianza la gran actividad de la esposa del presidente. “Es una mujer muy ambiciosa, demasiado ambiciosa. De ahí la acumulación de cargos que tiene. Puede convertirse en el verdadero talón de Aquiles de Montilla”, manifestó una fuente una fuente del PSC a este diario. Otra cosa es que, a pesar de esta oposición interna, se cierren filas en torno a ella ante lo que no dudan en calificar de “guerra sucia”. Lo que no pudo unir la política puede acabar haciéndolo un anónimo intoxicador.