'Caso Petroria', un grupo organizado con ramificaciones en el extranjero

Los nueve detenidos en el ‘Operación Petroria’ formaban un auténtico grupo organizado con ramificaciones en otras partes de Cataluña e incluso en otros países como Andorra,

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'Caso Petroria', un grupo organizado con ramificaciones en el extranjero
Los nueve detenidos en el ‘Operación Petroria’ formaban un auténtico grupo organizado con ramificaciones en otras partes de Cataluña e incluso en otros países como Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en las Islas Madeira y Caimán. Cada uno tenía una función y la estrategia común era modificar los planes urbanísticos, en los que se hacía una ampliación y con el dinero generado por ese cambio, los empresarios implicados distribuían los beneficios entre los miembros de la organización.

La mayoría de la actividad del grupo en el extranjero era por el blanqueo de dinero obtenido a través de acciones ilegales en España por la adquisición, principalmente, de obras de arte.

Así se desprende del auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por el que ordenó el ingreso en prisión del alcalde socialista del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz; el secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prefaneta, el ex consejero de Economía, Macià Alavedra, ambos bajo la presidencia de Jordi Pujol; el ex diputado del PSC Lluís García Sáez; y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Dobarco. La Fiscalía Anticorrupción solicitó esta medida para todos ellos incluido para el director gerente de Alcaldía, Pascual Vela, que finalmente quedó en libertad bajo fianza de 25.000 euros. Los tres empresarios implicados también quedaron en libertad bajo fianza, que deberán ingresar como fecha límite el lunes o si no ingresarán en prisión.

Uno de ellos, el presidente de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, deberá pagar 100.000 euros, y los otros dos,  el presidente de la empresa Proinosa,  Josep Singla, y el  presidente del Grupo Inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana, 500.000 euros.

Los delitos que se les imputa son el de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación de Hacienda Pública, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y encubrimiento.
 
45 millones defraudados
 
Este grupo aprovechaba la posición y contactos políticos de unos, los cargos institucionales de otros y la actividad empresarial de los demás para llevarse a sus bolsillos grandes cantidades de dinero de manera ilegal.

Cerca de 45 millones de euros es lo que se han llevado de beneficio irregular en operaciones urbanísticas entre los años 2000 y 2005. Lo cierto es que este dinero es sólo el obtenido en las tres principales operaciones porque el magistrado recalca en varias ocasiones a lo largo de su auto de 19 folios que se están investigando otras actuaciones relacionadas con el suelo.

En las operaciones ‘Badolona’, ‘Pallaresa’ y ‘Niesma’, quien más beneficio se llevó es Lluís Andrés García, más conocido como ‘Luigi’. Calificado por Garzón como el cerebro de la trama y una especie de “consejero” para el alcalde de Santa Coloma, obtuvo al menos ocho millones de euros. El ex diputado del PSC “decide e imparte las decisiones de la Alcaldía”.
 
Lavado de dinero

Alavedra y Prenafeta se quedaron, cada uno, con 637.000 euros,  sin contar con el resto de operaciones urbanísticas en las que han mediado y recibido una compensación económica a cambio. “Tanto Prenafeta como Alavedra utilizan sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales representados por Casamitjana que les paga las comisiones, a través de su empresa Espais, por tal actividad”. Inmediatamente después, procedían al lavado de dinero y lo mandaban al extranjero.

La trama era, a simple vista, sencilla. Una vez otorgado el plan de urbanismo, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto sino que esperaba a la modificación, que siempre aprobaba la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

La modificación resultaba siempre favorable a la empresa y nunca al municipio. El proyecto se vendía al constructor por un precio mucho mayor que el de la adjudicación y los beneficios se repartían entre todos los intermediarios. El último dato importante es que el Consistorio no podía recibir nunca ese dinero y, sin embargo, lo hacía a través de comisiones sin lógica comercial. A partir de ahí es donde se crea una “compleja” red de tráfico de influencias políticas, municipales y empresariales.

El grupo sacaba dinero de todo tiempo de contratos. Hacía este tipo de operaciones tanto con fondos procedentes de subvenciones de la Unión Europea como para la construcción de guarderías.
España
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