LOS TRES EX POLÍTICOS IMPLICADOS ERAN LOS MÁXIMOS BENEFICIADOS

La trama corrupta de la operación ‘Pretoria’ obtuvo unos beneficios de 30 millones de euros

Los beneficios de la trama corrupta que investiga en Cataluña el juez Baltasar Garzón se elevan, de momento, a unos 30 millones de euros, según manifestaron

Foto: La trama corrupta de la operación ‘Pretoria’ obtuvo unos beneficios de 30 millones de euros
La trama corrupta de la operación ‘Pretoria’ obtuvo unos beneficios de 30 millones de euros

Los beneficios de la trama corrupta que investiga en Cataluña el juez Baltasar Garzón se elevan, de momento, a unos 30 millones de euros, según manifestaron a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Estas mismas fuentes detallan que los dos principales implicados, los ex dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, eran los proveedores de los medios para la compra de solares y terrenos a los ayuntamientos.

 

El mediador de las operaciones era el ex diputado socialista Luis García Sáez, más conocido como Luigi en los ambientes financieros, que recibía los fondos y ejecutaba las operaciones de compra. Los tres conformaban, pues, una maquinaria perfectamente engrasada donde cada cual tenía su función específica. Luego, los buenos oficios de Luigi hacían que esos terrenos pudiesen ser recalificados, cosa que no siempre conseguían, aunque existen algunos indicios que hacen pensar que, en ocasiones, se sobornaba a cargos municipales. Una vez la recalificación en su haber, las parcelas eran vendidas a las constructoras, listas para comenzar a trabajar, de tal modo que las plusvalías que hubiesen conseguido los propios consistorios se deslizaban hábilmente hacia los bolsillos de los primeros compradores, es decir, hacia los tres ex políticos metidos a empresarios. Lo que no está claro todavía es si los abultados beneficios conseguidos mediante estas tácticas se quedaban en España o viajaban de nuevo a cuentas secretas en distintos paraísos fiscales.

 

Una partida de dinero movido desde la Isla de Jersey fue el hilo que condujo a los investigadores hasta la red catalana. Una vez comenzadas las pesquisas, el juez vigiló de cerca los movimientos de cada uno. Así, pudo determinarse también la supuesta implicación del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, que se dio de cuenta de las sospechosas operaciones de su antiguo compañero de partido, Luis García. Por contra, los constructores, últimos protagonistas de la red, pagaban el precio de mercado por los terrenos recalificados, aunque operaciones urbanísticas servidas en mantel sin problemas legales por medio son siempre un bocado apetecible y, sobre todo, ventajoso económicamente. Precisamente el hecho de que algunos de los capitales invertidos provenían de fuera de España es lo que provoca el delito de blanqueo de capitales, una de las acusaciones que realiza la Audiencia Nacional.

 

Construcciones de lujo en Santa Coloma

 

La mayor operación en la que estaban inmersos los implicados en la trama era la de Santa Coloma de Gramenet, con la urbanización de 65.000 metros cuadrados, de los que 10.000 son para uso público. El resto, se reparte entre 150 pisos de alto standing, cien viviendas de protección oficial, un hotel de 146 habitaciones y un multicine con 12 salas. En Badalona, la operación se ciñe a la ampliación del Puerto de esta localidad, relativamente cercana a la zona de Diagonal Mar, uno de los polos más modernos con que cuenta Barcelona. En el municipio de Sant Andreu de Llavaneres, se investiga la recalificación de varias parcelas, entre ellas una que acogerá la construcción de un polideportivo. En esta localidad, la Plataforma SOS Llavaneres había denunciado dos operaciones urbanísticas sospechosas, pero dichas denuncias habían sido archivadas por falta de pruebas. Ahora, se han vuelto a abrir.

 

Por otra parte, según informa la agencia Efe, en Madrid fue detenido el consejero delegado de Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, por su presunta vinculación con la trama descubierta en Barcelona. Paralelamente, el secretario general de CDC, Artur Mas, dejó la puerta abierta a que los dos ex altos cargos de su formación, Prenafeta y Alavedra, pidan la baja voluntaria si el tema afecta al partido. El secretario general adjunto, Felip Puig, señaló anteayer que Convergència no pensaba tomar ninguna iniciativa para suspenderles de militancia hasta que no se aclarase su implicación.

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