José Luis Núñez vendió pisos ‘tirados de precio’ a inspectores del fisco para que ‘hicieran la vista gorda’

El constructor y ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez, a través de las empresas que formaban parte de su potente grupo empresarial, Núñez y Navarro, fue un mecenas de los inspectores de Hacienda corruptos que comenzarán a ser juzgados hoy martes. De las 275 actas que se le levantaron, 215 lo fueron por el inspector Manuel Abella, que además compró dos pisos a una inmobiliaria de este empresario. Aunque los pisos fueron escriturados en más de 86 millones de pesetas, el fiscal sostiene que su valor era de 104 millones, a los que habría que añadir 27 millones más de las obras en el interior de los pisos y que los convirtieron en dúplex. Abella pagaba de hipoteca 600.000 pesetas al mes, más que su propio sueldo, aunque tenía sospechosos ingresos mensuales de dinero sin justificar en sus cuentas. La acusación afirma que este dinero era ingresado por el propio José Luis Núñez, aunque fuentes cercanas al inspector manifestaron a El Confidencial que provenía de un paquete de acciones de los cines ABC que había heredado de su madre.

 

Núñez también vendió un piso y una plaza de garaje en la zona alta de Barcelona a Roger Bergua, adjunto del jefe de la Inspección Regional, Josep Maria Huguet, pieza clave en la red de corrupción (ver la noticia del pasado domingo). Bergua había fiscalizado a Núñez en unas cincuenta ocasiones, por lo que se sospecha que consiguió favores a la hora de la compra de los inmuebles, ya que el valor de la venta era sensiblemente inferior al del mercado: 33 millones la vivienda y 2 millones la plaza de garaje. Su valor real era de casi 70 y 9 millones respectivamente. Además, el cobro se realizó en cómodos plazos de 1991 a 1996 que no devengaron interés alguno. En ese periodo, Bergua tuvo ingresos injustificados en sus cuentas por un monto total de más de 45 millones de pesetas, que según el fiscal provenían de los responsables del grupo Núñez y Navarro “en retribución de sus torpes servicios”. La acusación especifica que Núñez dejó de pagar a Hacienda más de 13 millones de euros por la actitud benevolente de los inspectores y que “la cuota defraudada habría alcanzado relevancia penal en 24 ocasiones distintas”, dando lugar “a otros tantos delitos”.

Un ex dirigente del PP

Otro de los empresarios implicados en la trama era Eduardo Bueno, amigo del financiero Javier de la Rosa, que compartía con éste al abogado Juan José Folchi como asesor. Bueno, que en los años 80 fue candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, es propietario del grupo inmobiliario Ibusa. En 1992, Ibusa era ya investigada, pero Josep Maria Huguet ordenó al inspector que llevaba la investigación que la traspasase a Abella “a fin de excluir la mirada imparcial del primero”, según el fiscal. El nuevo actuario dio por buenas las pérdidas de más de 10.000 millones de pesetas que declaró el grupo después de extender actas a 13 empresas del holding. Las actas fueron firmadas inmediatamente por Huguet, que así las convirtió en firmes. Y las compañías de Eduardo Bueno no sólo dejaron de pagar, sino que, para más inri, recibieron devoluciones de millones de pesetas por operaciones presuntamente fraudulentas.

Un informe de la fiscalía señala que “el promedio de tiempo empleado para cerrar todas las inspecciones fue de 25 días hábiles, plazo en el que es materialmente imposible realizar un estudio y análisis de unas 250 declaraciones, verificación de esos datos con los registros contables de la entidad y el cruce de información de la AEAT con la consignada en los registros de la entidad. Conclusión: durante seis años, Ibusa pagó 7 millones de pesetas al fisco, cuando debería haber pagado 3.500 millones, además de una sanción de otros 27 millones. Promociones Bilmo, otra empresa de Bueno, pagó en el mismo periodo 16 millones de pesetas, cuando en realidad tendría que haber satisfecho más de 172 millones. Traducido a euros: dejó de pagar alrededor de 21 millones de euros.

El patrimonio que desapareció

El grupo Kepro, impulsor del centro comercial Diagonal Mar, el mayor de Barcelona, también sufrió la rapiña de los inspectores, en este caso del inspector Álvaro Pernas, que pidió 50 millones de pesetas para ser benevolente con sus actas. Pernas ya había sido denunciado por Baltasar Aznar, propietario del grupo inmobiliario Metro 3, por extorsión. Las tropelías del inspector, sin embargo, se extienden a varios contribuyentes que, o bien pagaban en efectivo para no ser multados, o bien, como en el caso de unos socios del propio inspector, se libraban de pagar por la cara.

Su domicilio barcelonés le fue vendido, a través de una empresa tapadera, por una de las firmas que fiscalizaba, Torre Mitre, vinculada al constructor Enric Reyna.

Álvaro Pernas, que actualmente se encuentra en prisión, acumuló un patrimonio de unos 600 millones de pesetas, que manejaba a través de una red de empresas, algunas de ellas ubicadas en paraísos fiscales. Entre las firmas propiedad de Pernas figuraban Marfim Investimentos, con sede en la Isla de Madeira, Escanaba, Espabroker, Bolsapildemar, Flojupi, Tatisrem y Tistaren. Además, participaba en Andros Trading, IM Administración, Invermoney y Aravaca de Inversiones, donde todos los inspectores corruptos centralizaron el dinero negro. Pernas también tenía cuentas abiertas en la banca Morgue d’Algue y en la Banca Mora de Andorra. Tras destaparse el escándalo, Pernas comenzó a hacer desaparecer su patrimonio en el año 2000 y retiró paulatinamente cientos de millones de pesetas que tenía en cuentas corrientes de bancos españoles. Hasta el momento, no se sabe dónde escondió estas ingentes cantidades.

El club de inversión

Los inspectores corruptos habían creado una especie de club de inversión, que se articulaba en torno a la sociedad Aravaca de Inversiones. Según las investigaciones realizadas, Aravaca fue creada por Álvaro Pernas junto a Ernesto de Aguiar, que había sido delegado especial de Hacienda y ex director general de Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía. Luego entraron en su accionariado el jefe de la Inspección, Josep Maria Huguet y su esposa, y el adjunto a la Inspección, Josep Ramon Morató, que fue relacionado con la trama corrupta en un principio y luego se libró de la acusación del fiscal.

Otra de las compañías a través de las que canalizaban sus inversiones era IM Administración, sociedad en la que también participaba la intermediaria Gaesco. La calificación fiscal es clara al respecto, cuando señala que “los acusados inspectores de Hacienda antes referidos, junto con otras personas respecto de las cuales la causa se halla provisionalmente sobreseída, participaban, bien directamente, bien a través de sociedades instrumentales, en la mercantil Aravaca de Inversiones SIM, cuyo objeto venía constituido por la tenencia de acciones de las entidades IM Administración SA e Invermoney, gestoras de capitales a través de las cuales aquéllos tomaban posiciones activas en la Bolsa y en otros mercados financieros e inmobiliarios”.

Hasta el momento no se ha podido conocer el monto del dinero negro canalizado a través de estas sociedades. Ni siquiera el patrimonio oculto que amasaron y que no se ha encontrado, ya sea en Suiza, Irlanda, Andorra, Madeira o Panamá. Lo único cierto es que, de las investigaciones realizadas hasta el momento, una serie de empresarios se libraron de pagar más de 40 millones a Hacienda y que un grupo corrupto de funcionarios, “excitados por las ventajas patrimoniales” de estos contribuyentes, se llenaron los bolsillos de dinero negro. El espectáculo del juicio comienza hoy en Barcelona, pero la función, se espera, estará en cartelera durante siete largos meses.