El juez evidencia que Camps mintió: la trama de Correa pagó sus trajes para “agasajarle”

Francisco Camps no pagó los trajes que encargó en las tiendas madrileñas de Milano y Forever Young. La trama de Francisco Correa, a través de la empresa Orange Market, abonó las prendas para “agasajar” y “complacer” al presidente de la Comunidad Valenciana. Así lo constata el auto del juez José Flors, quien, tras observar “indicios racionales” de cohecho, ha decidido continuar con el proceso que puede acabar con Camps sentado en el banquillo ante un jurado popular.

El presidente valenciano se puso por primera vez en manos del sastre José Tomas a principios de 2006, aconsejado por su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, administrador único de Orange Market. Entonces, Camps adquirió cuatro trajes (que devolvió porque no le sentaban bien) y  tres americanas a medida. Después del verano, cuando el sastre se había trasladado al establecimiento de Forever Young, Camps se llevó otros cuatro trajes a medida por un valor de 2.880 euros.

El juez asegura que “no existe constancia de que su precio fuera abondo en caja y en metálico, como afirmó el Sr. Camps en su declaración”, pero “sí hay, en cambio, constancia de que el pago pendiente generado por aquella operación de los cuatro trajes se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad Servimadrid Integral S.L.”.  Con esta rotunda afirmación, el magistrado contradice la palabra del presidente valenciano, quien ha asegurado públicamente que siempre se paga sus trajes. En su declaración, Camps sólo  admitió haber tomado prestado un frac y un chaleco, que devolvió a José Tomás tras su visita al Vaticano.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia recoge otros casos en que Camps se sirvió de la generosidad de la trama de Correa para completar su armario. El presidente valenciano admitió haberse llevado un par de zapatos en marzo de 2007, pero, según el juez, no dijo la verdad al declarar que había pagado 120 o 130 euros por ellos. El juez deduce que su precio “debió ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos”.   

Por todo ello, el magistrado asegura que existen “indicios racionales” de un delito de “cohecho”, y que “la verosimilitud inicial sobre su posible existencia ha alcanzado el grado de realidad muy probable”. El auto apunta al artículo 426 del Código Penal, en el que se tipifica “la conducta de la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función”. Para el magistrado, la única razón por la que la trama de Correa regalaba trajes a Camps es por su “condición de autoridad”.

Regalos a cambio de gratitud

El juez recuerda que, aparte de los encargos efectuados por el PP, Orange Market consiguió numerosas adjudicaciones de diversos organismos dependientes de la Generalitat Valenciana, como en las ferias FITUR, TVC, Expovacaciones, SITC e INTUR. Así, entre 2005 y 2009, la empresa de El Bigotes recibió casi 7 millones de euros.

El auto recoge que “no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y los funcionarios” de la Administración autonómica. Sin embargo, el juez advierte que “la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”.

El magistrado parece responder en uno de los párrafos del auto a aquellos que, como Mariano Rajoy, han salido en defensa de Camps asegurando que “no se vende por unos trajes”. De acuerdo con el juez Flors, “aunque el precio de esas prendas pudiera parecer a alguien escaso o aún ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas, esas circunstancia no es excluyente del desvalor de su acción”. Es decir, que despreciar un posible delito de cohecho por el poco valor económico de los regalos significaría “una degradación de los principios que deben regir en todo caso la actuación de quienes ejercen funciones públicas”.

Por otra parte, el juez también ha encontrado evidencias de que el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, han recibido regalos de la trama de Correa, y continúan como imputados. El próximo día 15, las acusaciones deberán concretar la imputación, mientras que las defensas podrán alegar “lo que estimen oportuno, pudiendo solicitar nuevamente el sobreseimiento”. Asimismo, todas las partes podrán pedir nuevas diligencias de investigación, por lo que el proceso amenaza con perseguir a Camps durante los próximos meses.