La mayoría de los magistrados del Supremo se opone al jurado popular

La justicia popular cuenta con pocos defensores en España. Pese a que ayer se hizo pública la sentencia del Supremo que recuerda la obligación de cumplir la Ley del Jurado, la mayoría de los magistrados del Alto Tribunal se oponen a este sistema. Según explicaron fuentes jurídicas, incluso algunos de los jueces que firmaron el fallo, que exige repetir el juicio al asesino de dos policías en L’Hospitalet, opinan que no se trata del mejor modo de llevar a cabo un proceso penal.

Hasta ahora, la posición mayoritaria de oposición al jurado había provocado que el Supremo hiciera la vista gorda ante las tretas de jueces y fiscales para prescindir de la justicia popular. No obstante, ante el caso de Pedro Jiménez, condenado a 83 años por al asesinato y violación de dos mujeres policía en prácticas, el Alto Tribunal no ha tenido más remedio que hacer cumplir la ley y ordenar repetir el juicio. El fallo provocó una airada reacción de la Fiscalía de Cataluña, y ha sacudido a todo el ámbito de la Justicia, ya que sienta una firme jurisprudencia para el uso del jurado.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los magistrados del Supremo consideraron que no se podía “seguir mirando hacia otro lado”, dado que la ley establece claramente que delitos como homicidio, amenazas, allanamiento de morada o incendios forestales deben ser enjuiciados por un jurado. Algo que jueces y fiscales tratan de evitar con diversas tretas jurídicas, a las que ahora el Alto Tribunal ha puesto coto. Para los magistrados, la ley se debe cumplir aunque una  mayoría no esté de acuerdo con ella y, en todo caso, promover su modificación en el terreno político.

El debate que se vive en el seno del Supremo se reproduce en cada tribunal español, donde la justicia popular se ha arrinconado deliberadamente. En 2007, el jurado participó en 327 procesos, mientras que en 2008 apenas lo hizo en 300 casos. Unas cifras descendentes que, de acuerdo con Gustavo López-Muñoz, presidente de honor de la Asociación pro Jurado, buscan “exterminar” la justicia popular con el argumento de que su uso es anecdótico.

“Enojosas consecuencias”

La sentencia del Supremo dada a conocer ayer reconoce las “enojosas consecuencias” que supone para “el órgano jurisdiccional”, y para “los familiares de las víctimas” del asesino y violador de L’Hospitalet. Sin embargo, el Alto Tribunal señala que el jurado es competente para enjuiciar todos los delitos cometidos por Pedro Jiménez, ya que existe una conexión entre ellos. La Audiencia de Barcelona condenó a Jiménez a 83 años por asesinato, agresión sexual, allanamiento de morada, profanación de cadáver, incendio, robo con violencia, intento de robo con fuerza en las cosas y quebrantamiento de condena.

En estos casos, jueces y fiscales tratan de desviar el caso a un tribunal profesional, con el pretexto de que existen delitos que no corresponde enjuiciar al jurado, pese a que el principal, homicidio, sí es materia de justicia popular. La sentencia del Supremo despeja las dudas y establece que la competencia del jurado se extiende a los delitos conexos, siempre que alguno de ellos “se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar impunidad”. En concreto, Jiménez se sirvió del allanamiento de morada para perpetrar la agresión sexual, mientras que el robo “resultó” facilitado por los asesinatos previos.