La Fiscalía pide dos años de cárcel para Carlos Fabra por manipular documentos

También pide un año de cárcel para el impresor castellonense Manuel Martínez, a quien acusa de proporcionar sellos y cuños para elaborar los documentos, y que se sobresean las actuaciones en relación con María de los Desamparados Fernández, ex esposa de Fabra; Domingo Cadahía, ex director general del Ministerio de Agricultura; y Mohamend Chakir, ex empleado de la empresa Naranjax.

En el escrito, el fiscal sostiene que Fabra, Vilar y Vives, en fecha no concretada, llegaron al acuerdo de, si era preciso, presentar documentación "manipulada" al Ministerio de Agricultura para tratar de conseguir el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios por parte de las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi S.L, y Artemis 2000 S.L.

Esta manipulación, especifica en el texto, significaba la "simulación" de informes técnicos y la "imitación" de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China. Para falsificar los documentos de laboratorios extranjeros llegaron a fabricar sellos que, en un primer momento, fueron proporcionados por Fabra para, posteriormente, hacerlo Manuel Martínez. Además, en la elaboración de estos documentos intervino otra persona, Hamdi el Azouzi, empleada de Vilar, que actualmente se halla en ignorado paradero.

Documentos

El fiscal recoge hasta seis documentos presentados por la mercantil comercial de Industrias Químicas Arcavi ante el Registro de Productos y Material Fitosanitario del ministerio en los que los sellos y firmas fueron falsificadas. Uno de los documentos hace referencia a la falsificación de los sellos y firma del 'General Manger', de la empresa que supuestamente había suministrado los componentes activos de la sustancia activa 'GA4+GA7 Técnico', cuya homologación fue solicitada el 4 de diciembre de 2001. Otro documento recoge la falsificación de firmas y sellos del fabricante que se decía había suministrado los componentes activos de la sustancia rotenona, pedida el 2 de agosto de 2001.

También tiene otros documentos falsificados, con productos como abamectina, imidaclopridm, diniconazol y triciclazol, cuyas homologaciones se solicitaron en febrero, julio y agosto de 2002. Todas estas solicitudes fueron firmadas por Montserrat Vives.

Con todo, el fiscal considera que tanto Fabra como Vives y Vilar incurrieron en un delito continuado de falsedad en documento oficial, y acusa a Martínez de un delito de fabricación o tenencia de útiles para cometer el delito de falsedad. También interesa que se mantengan las órdenes de averiguación de paradero del empleado de Vilar, y que se sobresean las actuaciones para María de los Desamparados Fernández, Domingo Cadahía y Mohamend Chakir.

La calificación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva fecha de 21 de mayo, días después de que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Nules (Castellón) pidiera a las partes que se pronunciaran sobre la apertura del juicio oral o el archivo de la causa, en una decisión que se conoció el pasado día 11.

La jueza de Nules dictó auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias previas abiertas para investigar un posible delito de falsedad documental del que consideraba que podrían ser autores el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; su ex esposa, María de los Desamparados Fernández; el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Monserrat Vives. Además, la juez ampliaba la lista de presuntos autores a Manuel Martínez, Domingo Cadahia, Hami el Azouzi y Mohamed Chakir.

La jueza daba traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, a las personas imputadas, para que en el plazo de 10 días solicitaran la apertura de juicio oral --y en este caso formularan escrito de acusación--, o solicitaran el sobreseimiento de la causa. Asimismo, este mismo plazo serviría para solicitar, excepcionalmente, diligencias complementarias. Contra la decisión de la jueza presentaron recurso tanto Fabra --de nulidad y subsidiario de reforma-- como Monserrat Vives.

Esta no es la única causa judicial que existe abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial ya que el juzgado número 1 de Nules instruye otro procedimiento en el que se encuentra imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública y un supuesto delito fiscal. En este caso se investiga si Fabra medió ante la Administración pública para acelerar las autorizaciones para fabricar plaguicidas, y si cobró por ello, así como un presunto fraude fiscal tras una denuncia de la Agencia Tributaria.