La amenaza de huelga fuerza al Gobierno a aceptar las demandas de los jueces

El Gobierno y las asociaciones de jueces ultiman un acuerdo que despeje el horizonte de huelgas y movilizaciones contra el Ejecutivo, y que sirva para enterrar definitivamente la conflictiva era de Mariano Fernández Bermejo al frente del Ministerio de Justicia. Ambas partes se reúnen este martes para avanzar en la negociación, que tiene de plazo hasta el 21 mayo, fecha de la cuarta y última sesión prevista para cerrar un pacto sobre las materias más “urgentes y concretas” que preocupan a los jueces: mantener la facultad de los señalamientos, y mejorar en protección social y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este acuerdo permitirá al Gobierno librarse de la amenaza de una nueva huelga de togas, como la acaecida en febrero, para abordar con los distintos sectores de la administración de justicia la eterna asignatura pendiente de la modernización, y la reforma de la Oficina Judicial. Una labor que las diversas asociaciones creen que puede llevar años, y que tampoco estará exenta de conflictos.

Por ahora, el principal escollo de la negociación se refiere a la agenda de señalamientos de los juicios. El Gobierno pretendía que esta atribución pasara de los jueces a los secretarios judiciales, algo que los magistrados consideran casus belli. El ministro Francisco Caamaño retrocedió ante las demandas de las asociaciones, y se mostró públicamente favorable a que los jueces  mantuvieran la competencia sobre los señalamientos. Sin embargo, en el transcurso de las negociaciones, el Ministerio ha intentado camuflar en la letra pequeña la participación de los secretarios en la elaboración de la agenda de juicios. Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, explicó a este diario que su colectivo está dispuesto a renunciar a la atribución de los señalamientos, lo que facilita el acuerdo entre Gobienro y jueces.

Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, convocante de la última huelga, se mostró optimista ante la evolución de las conversaciones, y valoró el talante de Caamaño, en contraste con el que exhibía Bermejo. Fuentes del Ministerio coincidieron en la buena marcha de las negociaciones, aunque los “flecos” pendientes podrían retrasar el anuncio oficial de un acuerdo.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García reconoció avances y buena voluntad por parte del Ejecutivo, pero precisó que “quedan asuntos muy importantes por cerrar, además de los señalamientos, como el modelo retributivo”. La APM no respaldó la última huelga de togas, pero advierte que se replanteará su posición si no se alcanza un “acuerdo satisfactorio”.

Buenas palabras

García reprochó al Gobierno que esté lanzando un “discurso político inoportuno” al defender una mayor implicación de los fiscales en la instrucción, restándole competencias al juez, al mismo tiempo que trata de cerrar un pacto con los jueces. Además, el portavoz de la APM manifestó que la modernización no consiste en “gastar dinero”, sino en inversiones con resultados concretos, como una verdadera red de interconexión entre todos los juzgados de España.

Una vez cerrado al acuerdo con los jueces, el Gobierno deberá seguir negociando con los secretarios judiciales, así como con los sindicatos de funcionarios y trabajadores de la administración de justicia, quienes también han protagonizado paros y movilizaciones. Desde la llegada de Caamaño, todas las organizaciones coinciden en la voluntad de diálogo y en el buen tono del ministro, pero avisan que las buenas palabras no son suficientes para corregir el proceso de decadencia que padece el sistema de Justicia.