Conde-Pumpido versus Garzón

La confrontación y distanciamiento entre el Ministerio Público, en general, y el fiscal general del Estado, en particular, con el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es cada vez más evidente. Hace tiempo que ya no van de la mano en las investigaciones, como solía ocurrir, y los desaires públicos y jurídicos cada vez son más habituales.

La gota que ha colmado el vaso han sido las declaraciones de Cándido Conde-Pumpido demostrando su malestar por que el magistrado se interponga en las investigaciones de la Fiscalía, con la fiel ayuda de la Policía Nacional. Según el fiscal general, la Policía da prioridad al juez instructor  a la hora de entregar los informes, en detrimento de la Fiscalía.

Estos problemas se remontan a la investigación de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). La Fiscalía y la Abogacía del Estado empezaron a trabajar para su ilegalización ante el Tribunal Supremo a principios del pasado año. Paralelamente, Garzón abrió una investigación a sus máximos dirigentes por pertenencia a organización terrorista.

A partir de ese momento, el juez acaparó todos los informes policiales. La documentación analizada por la Policía llegaba primero a manos del juez, quien tenía prioridad a la hora de mover ficha. El asunto finalizó suspendiendo las actividades de los partidos por parte de Garzón antes de que el Supremo los ilegalizara.

El distanciamiento entre ambos se fue haciendo cada vez más evidente, hasta que no dejar lugar a dudas tras la investigación del 'caso Gürtel', la trama de corrupción en torno al PP. Garzón acaparó una instrucción iniciada por la Fiscalía Anticorrupción mucho antes de que llegara a manos del juez. El Ministerio Público comenzó hace tiempo a investigar a cargos del PP y a empresas relacionadas con éstos por percibir dinero fraudulentamente a cambio de concesiones. Pero en agosto del pasado año tuvieron que ponerlo en conocimiento de Garzón para que admitiera una serie de escuchas telefónicas esenciales para el caso.

A raíz de que el caso cayó en sus manos, se puso manos a la obra a investigar solicitando informes a la Policía. Ésta, según la versión de la Fiscalía, dejó de colaborar con ella para enviar directamente sus averiguaciones al juez. Una vez que salió a la luz el caso, con las primeras detenciones del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y sus dos más estrechos colaboradores, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, el malestar con Garzón se incrementó.

Este enfrentamiento se hizo visible cuando Garzón dio un plazo de 48 horas a la Fiscalía para que informara sobre su postura de enviar el caso al Tribunal Supremo, al haber indicios contra dos aforados nacionales del PP, Luis Bárcenas y Gerardo Galeote. Anticorrupción se apresuró a advertir al juez que éste no podía fijarle plazos y amenazó con no cumplirlos.

Contra la figura del instructor

Dicho y hecho, tardó casi una semana en informar para, al final, hacerlo en contra de su criterio. No veía indicios suficientes para imputar a estas dos personas y, por lo tanto, la investigación tenía que pasar a manos de los tribunales superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Es más, esta semana la Fiscalía ha vuelto a confirmar su postura con un nuevo informe que mantiene la falta de indicios. Incluso, Conde-Pumpido llegó a decir ayer que la Fiscalía tiene más conocimiento sobre la jurisprudencia del Supremo que Garzón, por lo que su postura es la válida.

A todo esto hay que añadir el interés que tiene Conde-Pumpido, con el apoyo del Gobierno, de modificar la ley para que sean los fiscales los que investiguen, lo que haría desaparecer la figura del juez instructor. Una posibilidad que no ha sentado bien a la carrera judicial, entre la que se incluye Garzón, que ya firmó un documento en contra de esta iniciativa. Si fuera el Ministerio Público el que se encargara de llevar los asuntos, no se producirían estos encontronazos con los informes policiales, y eso por eso que el fiscal general entiende que la figura de instructor debe desaparecer para convertirse en un juez de garantías.