El Gobierno sólo ofrece a Cataluña la tercera parte de lo que pide en el nuevo modelo de financiación

La negociación sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas entre el Gobierno central y Cataluña se ha convertido en un duro hueso para las dos partes, casi obligadas por decoro a alcanzar un pacto antes de fin de año gracias al compromiso explícito que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció a su homólogo catalán, José Montilla. El principal problema en estos momentos es económico: el ministro de Economía, Pedro Solbes, ha puesto sobre la mesa una oferta que, cuantificada numéricamente, significa un aumento de la dotación de algo más de 1.000 millones de euros.

Esta oferta es considerada “ridícula” por diversas fuentes de las fuerzas políticas catalanas consultadas por El Confidencial, mientras que el Gobierno autonómico y el Gobierno central tratan de ocultarla a la opinión pública. Las peticiones económicas catalanas abarcan un amplio abanico que va desde poco más de 3.000 millones de euros hasta los 4.800 millones, siempre enmarcados en un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta no sólo el déficit histórico que padece la comunidad, sino el importante incremento de población experimentado los últimos años. Incluso la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, reclamó ayer 4.200 millones más para esta comunidad, “lo cual no excluye que el resto de comunidades tengan también una financiación garantizada para sus necesidades”. La propuesta de Solbes, por tanto, ronda la tercera parte de la propuesta más baja que reivindican los catalanes.

Y es que la oferta del ministro de Economía, para una comunidad que en siete años ha aumentado su población en más de un millón de habitantes, es claramente insuficiente. Por eso el ofrecimiento ha sido mantenido en estricto secreto por el Gobierno autonómico, para que tanto sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV) como la oposición, empezando por Convergència i Unió (CiU) y acabando por el Partido Popular (PP), no pongan el grito en el cielo. Todos ellos critican el secretismo de las conversaciones y exigen “transparencia” sobre los contactos de Gobierno central y Generalitat. Sánchez Camacho fue más allá y denunció ayer que las maniobras ocultas de los dos dirigentes socialistas son sospechosas: “La falta de detalles esconde maniobras difíciles de explicar. Zapatero hace trampas y los reiterados incumpliminetos de promesas y plazos me hacen dudar de sus verdaderas intenciones”.

Una reunión “estéril”

En realidad, las mayores preocupaciones de los socialistas están en el otro bando. Convergentes y republicanos se temen que el pacto a que lleguen Zapatero y Montilla sea de cara a la galería, para salvar sus respectivas posiciones. El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, es radicalmente contrario a la oferta de Solbes y su postura le ha creado problemas dentro del Gobierno, donde Montilla exige una disciplina férrea a su línea oficialista.

Castells se reunió ayer con el representante de CiU para estos temas, Francesc Oms, que negoció con el Gobierno de la Generalitat un apoyo unánime a las reivindicaciones catalanas ante Madrid. Oms encabezaba la comisión negociadora convergente junto a Antoni Fernández Teixidó y Antoni Castellà. Fuentes conocedoras de la reunión manifestaron a El Confidencial que “el encuentro acabó muy mal. Fue estéril, un fiasco. El consejero se limitó a decir obviedades pero no concretó nada. El único interés que Castells tuvo para convocarla es para decir que nos ha llamado y cubrir el expediente, pero no hay ninguna voluntad de llegar a un acuerdo para defender una postura única”. En otras palabras, se limitó a echar balones fuera para no comprometer cualquier acuerdo entre las partes implicadas, es decir, entre el Gobierno central y la Generalitat.

Tanto desde el gobierno autonómico como desde las filas del PSC se insiste en que “lo importante en negociar un modelo de financiación, que luego se traducirá en una compensación económica”. En este río revuelto, Montilla navega entre dos corrientes: por un lado, los partidos catalanes le exigen mano dura y que eleve sus exigencias para que Cataluña pueda hacer frente a los servicios por su aumento de población y para paliar el déficit histórico de servicios. Incluso fuentes de Esquerra Republicana -socia del tripartito catalán- señalaron a este diario que se ha de empezar por poner una cifra encima de la mesa.

Por otro lado, las críticas en el resto de España se disparan porque con el encuentro de Zapatero con Montilla se ha escenificado una negociación bilateral al margen de las demás autonomías. Desde fuentes de la Generalitat, se subraya que el presidente catalán rechazó una reunión a tres bandas donde estuviese también presente el presidente andaluz, Manuel Chaves, que se entrevistó con Zapatero después que Montilla. “Esto desmiente que Cataluña esté supeditada a lo que diga Andalucía”, se excusa una fuente socialista para rechazar las críticas que en este sentido había hecho el presidente de Convergència, Artur Mas.

El PSC no tiene ‘plan B’

Pero desde CiU no se baja la guardia. “Por tercera vez, han puesto fecha límite a que haya un acuerdo. CiU hizo caso a las peticiones de Montilla y dejó de reivindicar una cuantificación económica de la reforma de la financiación. Sin embargo, ahora se ha incumplido el pacto que habíamos hecho las fuerzas catalanas para defender una financiación justa que nos permita atender a todas las necesidades sociales. Y PSOE y PSC se limitan a hacer un gran teatro de la cuestión”, señalan fuentes de CiU a El Confidencial. Otra fuente de la cúpula convergente subraya que “Zapatero no tiene prisa y el PSC no tiene plan B. Quieren cerrar un acuerdo como sea y nos lo quieren vender como bueno”.

El presidente de Unió Cemocràtica (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, también fue tajante ayer, tras la reunión de la ejecutiva de CiU. Rechazó valorar un hipotético acuerdo de Zapatero y Montilla “porque no sabemos si existe y, además no lo conocemos”. Y, tras subrayar la lealtad de su formación hacia lo que había acordado con el presidente catalán, enfatizó los cuatro ejes que debe priorizar cualquier acuerdo sobre financiación: que cumpla el Estatuto; que sirva para luchar contra la crisis económica; que mejore el déficit fiscal y que garantice el principio de ordinalidad sin modificar la situación de renta per capita. Principios que, dicen en CiU, no se pueden cumplir con la actual oferta de Solbes.