La Audiencia Nacional abre la puerta a la judicialización de la política exterior de Aznar

La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de llamar a declarar al ex director general de Política Exterior para América del Norte ha abierto la puerta a la judicialización de la política exterior de José María Aznar. Moreno citará a Miguel Aguirre de Cárcer, quien aparece como autor del documento revelado por El País en que se autoriza la escala de aviones estadounidenses con prisioneros rumbo a Guantánamo. Además, Moreno pedirá al Ministerio de Asuntos Exteriores que confirme si el entonces ministro Josep Piqué y su secretario de Estado, Miguel Nadal, estaban al corriente del documento.

Dos años después de comenzar a investigar los vuelos estadounidenses por territorio español, la instrucción de Moreno comienza a estrechar el cerco sobre las decisiones políticas del Gobierno de Aznar y, por ende, de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, según fuentes personadas como acusación popular, la posible declaración como testigos en la Audiencia Nacional de nombres como Piqué o Aznar es aún muy lejana.

En primer lugar se espera que el juez llame a declarar a los oficiales de vuelo de las bases de Rota, Morón y Torrejón, así como a los controladores de los aeropuertos civiles donde supuestamente aterrizaron y despegaron los llamados vuelos de la CIA.

De acuerdo con estas fuentes, las comparecencias se solicitan de “menos a más”, aunque la filtración de los documentos secretos ha acelerado la investigación en el ámbito de los responsables políticos. Así, Ramón Gil-Casares, director del Departamento de Internacional de la Moncloa con Aznar, puede ser el nexo utilizado para unir los informes de Aguirre de Cárcer con el ex presidente del Gobierno.

Pero esta judicialización de la política exterior de Aznar está también golpeando de lleno al Ejecutivo socialista. Miguel Ángel Moratinos se vio obligado una vez más a dar explicaciones en el Congreso. Esta vez, el ministro de Asuntos Exteriores reveló que Aznar autorizó escalas de aviones militares estadounidenses con destino a Guantánamo, pero matizó que sólo para casos de emergencia y que, en todo caso, estas aeronaves nunca llegaron a aterrizar en España.

Sin prisioneros ilegales

De este modo, Moratinos insistió en el habitual discurso del Gobierno, según el cual, Estados Unidos no vulneró la legalidad española y, además, Zapatero “no recibió referencia” de las autorizaciones del Ejecutivo de Aznar. Además, el ministro aseguró que de los 24 vuelos con origen o destino a Guantánamo que entre 2002 y 2006 pasaron por España, ninguno transportaba prisioneros ilegales. La nota de autorización de las escalas ya está en manos de la Audiencia Nacional y en ella se puede leer que Exteriores contesta afirmativamente a la solicitud norteamericana y que la indicación para que Morón sea la base de preferencia.

Estas explicaciones, que satisficieron al Partido Popular, no han resultado creíbles para el resto de grupos parlamentarios. Enrique Santiago, abogado y miembro de la dirección de Izquierda Unida, recordó a este diario que el juez Moreno dispone de el nombre y apellido de 30 prisioneros que fueron llevados a Guantánamo desde España y que el puesto de la Guardia Civil en el aeropuerto de Palma de Mallorca redactó un informe de 3.000 folios sobre las actividades del personal estadounidense involucrado en estos vuelos. Asimismo, según Santiago, la investigación está comprobando que los prisioneros no sólo hicieron escala, sino que cambiaron de avión.

Por otra parte, la Plataforma Juicio Aznar anunció recientemente que presentará en breve en la Audiencia Nacional una querella contra el ex presidente por la guerra de Irak. Esta plataforma lleva trabajando en el texto jurídico desde febrero de 2007 y ha conseguido la adhesión de nombres como Noam Chomsky, Carlos Taibo, Julio Anguita o Carlos Jiménez Villarejo.