Despilfarros de la clase política en tiempos de crisis

Coches de lujo, corbatas de seda, inauguraciones fastuosas… Los gastos difícilmente justificables de administraciones y cargos públicos son especialmente hirientes para los contribuyentes en tiempos de crisis económica. Sobre todo si las noticias sobre estos despilfarros coinciden con subidas de impuestos. En Cataluña, la presión social ha podido con el gusto por el lujo del presidente del Parlamento autonómico, Ernest Benach (ERC), quien se hizo colocar accesorios por valor de 9.200 euros en su coche oficial, un Audi A-8.

 

Tras las críticas recibidas, Benach anunció ayer la retirada de los accesorios, que consistían en un escritorio de madera hecho a medida, un reposapiés, una televisión, un sistema de mp3 y conexión bluetooth. Todo lo necesario, según el presidente del Parlament, para hace más confortables sus viajes y convertir el automóvil en su “segunda oficina”. Para los catalanes era incomprensible que en medio de la crisis galopante y tras el anuncio de austeridad presupuestaria y contención del gasto público anunciado por el propio presidente de la Generalitat, José Montilla, Benach se dejase más de 9.000 euros en ‘tunnear’ su coche oficial.

 

El miembro de ERC entonó el mea culpa y admitó que “Cataluña tiene problemas más importantes” y que este hecho “puede haber molestado a muchos ciudadanos y familias con serias dificultades económicas en estos momentos”.

 

El caso Benach es similar al sucedido en Galicia con la  adquisición por parte del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de un Audi A-8, valorado en 480.000 euros. El PP acusó a Touriño de comprarse un coche, en plena crisis, con un precio equivalente al sueldo medio anual de 25 gallegos. La Xunta replicó que el Audi sustituye a otro de similares características que acumulaba más de 500.000 kilómetros. Sin embargo, el Audi reemplazado continúa en el parque móvil de Presidencia, junto con otros dos A-8  y un cuarto vehículo, un Audi A-6.

 

En Madrid, el incremento de los sueldos del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y otros 103 cargos municipales, contrastó con la batería de medidas para frenar la hemorragia de las arcas del consistorio. Gallardón anunció la recuperación del impuesto por la recogida de residuos, que se investigarían las basuras de los vecinos para multar a quienes no reciclen, y la paralización de obra pública. En su descargo, el Ayuntamiento argumentó que no se trataba de un aumento de sueldo, sino de una actualización de las subidas no ejecutadas en 2006 y 2007.

 

Otro dispendio acaecido en Madrid tuvo como protagonista a Esperanza Aguirre, presidenta del Gobierno autonómico. La inauguración del teatro del Canal de Isabel II, en la capital, costó en torno a un millón de euros a los ciudadanos, y la propia Aguirre acabó reconociendo que lo hubiera evitado de haberse enterado antes de los costes que iba a suponer la ceremonia. Además, este teatro, que dirige Albert Boadella, no tiene todavía programación.  

 

En el capítulo de gastos extraordinarios ocupa también un lugar destacado el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Según publica el diario Levante-El Mercantil Valenciano, esta institución compró mil quinientas corbatas de seda de siete pliegues, y 500 pashminas personalizadas. Un desembolso de 84.840 euros que no parece encajar en las llamadas a la austeridad por parte de las administraciones públicas.

 

Y es que, además de austeridad, los municipios han optado por la subida de impuestos. El nuevo modelo de financiación local trae consigo un incremento generalizado de los tributos. Según publicó ayer La Gaceta de los Negocios, la mayoría de las capitales de provincia han incrementado tasas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la de Construcciones, Instalaciones y Obras; y el Impuesto sobre Vehículos. Una muestra de cómo la crisis recae sobre aquellos que viajan sin coche oficial, ni son invitados a los grandes estrenos.