La Generalitat quiere comprar 500 pisos en la zona prime de Barcelona a 150.000 euros/unidad

El Gobierno de José Montilla busca gangas en el sector inmobiliario catalán. Con 75 millones de euros en la mano se ha puesto a la búsqueda y captura de 500 pisos que pretender adquirir por una media de 150.000 euros cada uno. Además, no se conforma con cualquier zona, su prioridad es aquella donde hay una demanda notable de pisos de protección oficial, o lo que es lo mismo, Barcelona y su área metropolitana.

 

Este anuncio, que podría aparecer en la sección de clasificados de algún periódico, es el que ha hecho el consejero de la vivienda, Francesc Baltasar al asegurar que la Generalitat comprará hasta finales de año medio millar de pisos, que formen parte del parque de vivienda libre y no encuentran comprador por la crisis en la que está inmersa el sector, para después convertirlos en viviendas de protección oficial.

Comprar un piso alrededor de Barcelona por sólo 150.000 euros es misión imposible, como ha reconocido la secretaria de la vivienda, Carmen Trilla, pues supondría que “los promotores tendrían que vender a la Generalitat con descuentos cercanos al 50%”. Por eso, Trilla ha manifestado que “será difícil cerrar operaciones de este estilo en el área metropolitana, pero esperamos conseguirlo en otras zonas de Cataluña”.

Cada piso que el Gobierno catalán compre, a través del Incasol, pasará a ser de VPO. Para ello “se hará una oferta pública y el precio máximo será el precio del régimen general de las viviendas protegidas”, ha explicado el titular del departamento, Francesc Baltasar. 

 

Los promotores no hacen rebajas

Los precios no han convencido a los constructores que han reaccionado rápidamente y de forma muy negativa a la idea de Baltasar. El presidente de la asociación de promotores, Enric Reyna, ha rechazado la posibilidad de vender pisos a estos precios en ninguna ciudad o pueblo del área metropolitana de la capital catalana.

Pero estas no han sido las únicas palabras de Reyna quien, tras oír esta idea, ha manifestado que “el pacto de la vivienda está roto”. De hecho, este acuerdo, que ahora cumple un año, es una de las iniciativas de las que más orgulloso se siente el Tripartito porque consiguió el apoyo de decenas de asociaciones del sector.

Tras la negativa de los promotores, Baltasar no se ha callado y ha ido un poco más allá en su voluntad de desanimarles. El consejero ha afirmado que “quiero pensar que nada es imposible y que a lo mejor no estamos todavía en lo más grave de la crisis". Asimismo, ha añadido que “estas viviendas libres, si no pasan a otras fórmulas, tendrán muchas dificultades de salida”.

 

CiU y PP tampoco lo ven claro

 

Ante la propuesta del consejero no todos los partidos han reaccionado igual. El Tripartito ha mostrado su apoyo incondicional. CiU, tras afirmar que “esto es una clara evidencia del fracaso de su trabajo”, se ha comprometido a estudiar la propuesta, mientras que el PP la ha rechazado acusando a Baltasar de “erigirse en agente de la propiedad inmobiliaria”. 

 

En estos últimos meses, a la consejería de la vivienda se le acumula el trabajo y debe buscar fórmulas rápidas y económicas para solucionar el problema de los catalanes que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda libre. De hecho, algunas familias a las que se les había asignado una vivienda de VPO han tenido que renunciar a ella por falta de crédito, por la restricción crediticia de los bancos.

Pero no son los únicos con dificultades. Los constructores que no pueden vender también buscan salidas. Hasta el momento, la Generalitat ha recibido 800 peticiones para pasar vivienda de precio libre al concertado catalán.