"Cuando me concedan la ayuda al alquiler ya tendré 30 años y no podré cobrarla"

"En enero pedí la ayuda de 210 euros mensuales, pero a día de hoy ni siquiera me han contestado. A este paso, cuando me la concedan, si es que me la conceden, ya tendré 30 años y no podré cobrarla, porque habré superado el límite de edad". Mario, un barcelonés mileurista a punto de cumplir los 29, es uno de los más de 150.000 jóvenes que han presentado hasta la fecha la solicitud para obtener la renta básica de emancipación anunciada por el Gobierno a bombo y platillo en la pasada precampaña electoral, y que entró en vigor hace ya nueve meses. La entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, se comprometió a que todas las solicitudes se resolverían "en un plazo máximo de dos meses", pero el atasco administrativo provocado tanto por la falta de previsión del Ejecutivo como por la avalancha de peticiones es de tal calibre, que apenas el 15% de los aspirantes está cobrando ya la ayuda.

"Fui tan ingenua que me creí la promesa de los 210 euros y decidí independizarme", se lamenta Carolina, una valenciana de 27 años candidata a mileurista. "En febrero presenté la solicitud, y la semana pasada me llamaron por teléfono para explicarme que aún no la habían aprobado porque me faltaba el certificado de haberes. ¡Y han tardado siete meses en pedírmelo! Me pillé un cabreo monumental, porque cuando pedí la ayuda nadie me dijo que hubiese que entregar el maldito certificado. El funcionario que me llamó me explicó que los requisitos habían cambiado, y que, sintiéndolo mucho, sin certificado no vería un solo euro. Total, que ahora estoy con el agua al cuello y planteándome seriamente volver a casa de mis padres".

Los requisitos, en efecto, son ahora más exigentes. Y los controles de la Administración se han endurecido para evitar el fraude. La culpa la tiene el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, que el pasado mes de junio, según ha podido saber El Confidencial, ordenó a la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, fiscalizar todas las solicitudes, una tarea que hasta ese momento recaía exclusivamente en las comunidades autónomas. Resultado: un caos descomunal en la tramitación de las ayudas, cuyas víctimas son la inmensa mayoría de ese 85% de jóvenes que, como Mario y Carolina, han presentado la solicitud pero siguen en lista de espera. O muchos otros que ya estaban cobrando los 210 euros y, de repente, han dejado de percibir mensualmente ese ingreso en su cuenta corriente.

En busca del voto joven

Las condiciones para optar a la renta básica de emancipación son muy concisas, y pueden consultarse en la página web del Ministerio de Vivienda: tener entre 22 y 30 años, no superar los 22.000 euros brutos de renta anual y ser titular del contrato de alquiler de la vivienda. Además, los aspirantes deben presentar, junto al impreso de solicitud con los datos personales, una copia del contrato de arrendamiento y otra del contrato de trabajo. Pero no hay ninguna mención al certificado de haberes. Pese a ello, este documento se exige ahora en la mayoría de los casos para acreditar que los ingresos anuales no rebasan el límite establecido.

Pero el colosal atasco en el proceso de tramitación de las ayudas se debe, sobre todo, a la exigencia de Solbes de endurecer las inspecciones para impedir que quienes tengan deudas con Hacienda puedan percibir las ayudas al alquiler, según reconocen las fuentes gubernamentales consultadas. El vicepresidente económico nunca vio con buenos ojos la renta básica de emancipación, pero sus reticencias no evitaron que ésta fuera aprobada el pasado mes de noviembre, en plena precampaña electoral, por el empeño personal de Chacón y del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convencidos de que la medida atraería hacia el PSOE una buena parte del voto joven.

La actual ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, admitió el pasado lunes que su departamento ha decidido ahora "incluir una medida de seguridad que ya estaba prevista, y que consiste en que nadie cobre esta ayuda si no ha pagado sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria". Sin embargo, Corredor no mencionó que esa "medida de seguridad" ha sido una imposición de Solbes para frenar la manga ancha de algunas comunidades autónomas, encargadas de gestionar las solicitudes, a la hora de conceder las subvenciones. Y aunque la ministra reconoció que los nuevos controles han provocado "el retraso en el pago de algunas ayudas", aseguró a continuación que "entre el 1 y el 5 de septiembre se han puesto al día todas las rentas". Pero basta con echar un vistazo a los foros de jóvenes indignados que proliferan estos días en internet para dudar de la veracidad de las palabras de Corredor, ya que muchos de los beneficiarios de las ayudas aseguran que llevan más de dos meses sin cobrar los 210 euros.

Precisamente hoy se debate en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados una proposición no de ley presentada por CiU en la que los nacionalistas catalanes reclaman al Gobierno "agilizar los trámites administrativos necesarios para conceder la renta básica de emancipación y proceder al rápido pago de la misma, con el fin de que el cobro de la ayuda en ningún caso supere los dos meses desde la presentación de la solicitud". Según Pere Macías, portavoz de Vivienda de CiU, en Cataluña ya se han recibido 26.000 peticiones de ayuda, pero sólo uno de cada 10 jóvenes la está cobrando.