Aído quiere 'meter en cintura' a los médicos que rechazan practicar abortos en la sanidad pública

Bibiana Aído quiere acabar con la "falsa objeción de conciencia" de cientos de médicos que apelan a motivos éticos o morales para negarse a practicar abortos en la sanidad pública, según aseguraron ayer fuentes socialistas poco después de que la ministra de Igualdad anunciase por sorpresa que antes de que acabe 2009 verá la luz una nueva ley del aborto. Según esas fuentes, Aído, que cuenta con el firme apoyo de su colega de Sanidad, Bernat Soria, pretende "corregir el despropósito" de que apenas el 3% de las más de 100.000 interrupciones de embarazo que se registran cada año en España sean asumidas por la red de hospitales públicos.

Aído, sobre cuyo departamento recaerá el peso de la reforma, advirtió que "no puede ser que en España una mujer que decida interrumpir legalmente su embarazo tenga dificultades y que el tratamiento que reciba en esa circunstancia sea diferente en función de la comunidad autónoma en la que viva". Pero para lograr que el aborto sea una prestación sanitaria equiparable en todas las comunidades y garantizar ese derecho en los hospitales públicos, "el primer paso que hay que dar es crear un registro de médicos objetores", según las mismas fuentes, que denuncian que en Navarra, Murcia o Castilla-La Mancha no hay un solo centro sanitario público que practique abortos.

El objetivo de la futura ley, siempre según esas fuentes, es que ese registro sirva para elaborar un censo fiable de los facultativos que rechazan realizar esas intervenciones por auténticos motivos de conciencia y acabar con la situación actual, en la que muchos profesionales de la medicina se niegan a practicar abortos no por cuestiones éticas o morales, sino por las presiones de sus superiores jerárquicos o de los propios centros sanitarios.

"El registro podría ser útil para vetar el acceso de los objetores a las plazas ofertadas en departamentos que tengan relación con la planificación familiar o en los que se practiquen abortos", sostiene el ginécologo José Luis Dargayo, que presta sus servicios en la clínica Dator, una de las pioneras en interrupción voluntaria del embarazo. "La realidad es que hay pocos objetores reales y muchos circunstanciales, que prefieren evitar ese tipo de intervenciones para no enfrentarse a su jefe de servicio o por simple comodidad, porque siempre resulta más gratificante y menos incómodo hacer una cirugía convencional que intervenir en un aborto", añade Dargayo. El ginecólogo cita como ejemplo el caso del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid): "Ahora no se realizan abortos porque la jefa del servicio de anestesia es objetora y no permite a sus ayudantes que lo hagan, pero hace unos años, cuando yo trabajaba en el servicio de ginecología, sí se practicaban, porque el responsable del servicio no se oponía y dejaba libertad a sus subordinados".

Aído no quiso adelantar ayer ningún detalle de la futura ley, pero las fuentes consultadas señalaron que la regulación de la objeción de los médicos será uno de los ejes sobre el que girarán los trabajos del comité de expertos que asesorará al Gobierno. La objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución, pero no existe ninguna regulación legal en España sobre objeción de conciencia sanitaria. La única normativa sobre esta materia no tiene rango legal, sino exclusivamente reglamentario, y en ella se establece que "la no realización de la práctica del aborto habrá de ser comunicada a la interesada con carácter inmediato, al objeto de que pueda, con tiempo suficiente, acudir a otro facultativo".

"Hipocresía y doble moral"

Un portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que agrupa a la mayoría de centros privados, critica la "hipocresía" y la "doble moral" de muchas comunidades autónomas, que se "lavan las manos" amparándose en una supuesta objeción de conciencia de los profesionales sanitarios "que no está avalada por ninguna estadística". En su opinión, "muchos ginecólogos que no tienen problemas de conciencia estarían dispuestos a realizar abortos si hubiese un registro que pusiera las cosas en su sitio y les dejase libertad de elección, sin presiones ni cortapisas de ningún tipo. Hay que respetar la verdadera objeción, pero tenemos que acabar con esa otra que se mantiene por pura inercia desde que se despenalizó el aborto, hace ya 23 años. Las cosas han cambiado mucho desde entonces".

El programa electoral con el que el PSOE se presentó a las últimas elecciones generales ya incluía el compromiso de "regular la objeción de conciencia para el personal sanitario, singularmente para los casos de interrupción voluntaria del embarazo". Y el pasado mes de marzo el ministro de Sanidad volvió a poner el dedo en la llaga con unas declaraciones que escocieron a algunos. Soria dijo que "lo que no puede ser es que un médico sea objetor por la mañana y no lo sea por la tarde", en alusión a los especialistas que rechazan practicar abortos en la sanidad pública pero no tienen reparos en realizar esas intervenciones en las clínicas privadas.

Pero los colectivos feministas desconfían de las promesas del Gobierno. Al fin y al cabo, José Luis Rodríguez Zapatero ya les ha fallado en dos ocasiones, cuando se comprometió a impulsar una ley de plazos del aborto que, finalmente, fue desechada en los programas electorales de 2004 y 2008. Pero esta vez va en serio, aseguran las fuentes socialistas consultadas, que niegan rotundamente que el anuncio hecho ayer por Aído tenga nada que ver con una supuesta maniobra de distracción ante la gravedad de la actual crisis económica.