Muere uno de los principales imputados en el caso Malaya y presunto testaferro de Roca

El empresario Emilio Rodríguez Bugallo, uno de los principales imputados en el caso Malaya y que pagó una de las fianzas más caras para conseguir su libertad provisional, no tendrá que enfrentarse ante la justicia en la vista oral del caso, según han informado a El Confidencial uno de sus familiares más allegados. El constructor falleció la semana pasada aquejado de un cáncer que padecía desde hace tres años (enfermedad que nadie conocía en la ciudad de Marbella y que ha sorprendido a muchos, porque le veían con muy buena salud).

Hacía sólo unos meses que el Banco de Santander había embargado su promoción de viviendas de lujo en Marbella Embrujo de Banús y Embrujo Playa y, según este mismo familiar, “eso le derrotó por completo”. El funeral se realizó en la estricta intimidad. Ni siquiera los periódicos locales se han hecho eco de la noticia, hecho que contrasta con otros acontecimientos de esta misma familia (como bodas, cumpleaños, bautizos), que han sido publicados a toda página en las revistas de la ciudad.

El empresario pontevedrés, detenido en la segunda fase de la operación Malaya, estaba implicado en la trama de corrupción política y urbanística marbellí. Presuntamente pagaba cantidades millonarias a los ex ediles a cambio de licencias y convenios urbanísticos. Bugallo era propietario de El Carmen, uno de los veleros más lujosos de Puerto Banús, y levantó todo un imperio con Construcciones Salamanca. Sus compras de edificios emblemáticos de la ciudad, como el restaurante La Meridiana y su club nocturno, La Notte, que ocupa uno de los mejores solares de los que rodean la mezquita del Rey Fahd, dieron mucho que hablar.

El hombre de Gil y Roca

El nombre de este empresario anónimo saltó a la palestra el día que enviaron a la cárcel a Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama marbellí. El constructor gallego era un hombre de confianza del asesor de Jesús Gil, y buena prueba de ello es el auto de prisión con el que el juez Miguel Ángel Torres envió a la cárcel a Roca. El escrito indica que el empresario Ismael Pérez Peña, también en prisión, había entregado varios coches a la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe.

Ante la deuda que el Ayuntamiento mantiene con él, Roca interviene y negocia con Construcciones Salamanca para que, a cambio de la ratificación de convenios urbanísticos a su favor, la promotora entregue dos pisos a Ismael Pérez Peña.

Consuegro de Dogmoch

Emilio Rodríguez era consuegro de Mohammad Yassin Dogmoch. Su hijo Emilio se casó con la hija de este empresario libanés, Joanna, en una fastuosa boda en Turquía a la que acudió media Marbella en un avión fletado por los novios. Roca no pudo asistir porque la Audiencia Nacional le habían retirado ya el pasaporte por el caso Saqueo.

Roca, Dogmoch, Rodríguez Bugallo… todos aparecieron posteriormente en la trama malaya. El hilo conductor fue la Sociedad Yambali 2000, empresa perteneciente al consuegro de Rodríguez Bugallo, Yassin Dogmoch, libanés de nacionalidad alemana que poseía unos terrenos en Puerto Banús y al que representaba Juan German Hoffman.

Roca y Florencio San Agapito participaron en esta sociedad, utilizando la mercantil Lispag Ag, radicada en Kriens, ciudad suiza del cantón de Lucerna, que fue creada para adquirir dichos terrenos y en la que participaron, en mayor medida, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román y el abogado de origen alemán, Juan German Hoffman.

Mohammad Yassin Dogmoch, y Emilio Rodríguez se conocieron por el enlace de sus hijos. Entabló vínculos de amistad con Jesús Gil en los primeros años de mandato gilista en Marbella. Época de la que data el restaurante Sahajara, que Dogmoch abrió en Puerto Banús. Un ambicioso proyecto denominado Torre Dogmoch, con un coloso metálico y de cristal que se elevaría en una parcela adyacente al Centro Comercial Cristamar de Puerto Banús nunca se edificó y unas jaimas árabes con el nombre de Budha ocuparon su lugar.

Emilio Rodríguez era uno de los 20 promotores que los colectivos vecinales y sociales de Marbella denunciaron ante los juzgados por desatender las órdenes de paralización dictadas por el TSJA contra obras ilegales. En este caso concreto, las de 132 viviendas en Arroyo de las Cañas.