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Los Albertos, a un mes de librarse de la cárcel por prescripción de la pena en el ‘caso Urbanor’
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Los Albertos, a un mes de librarse de la cárcel por prescripción de la pena en el ‘caso Urbanor’

El 14 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo dictó sentencia firme contra Alberto Alcocer y Alberto Cortina por el ‘caso Urbanor’: tres años y cuatro

Foto: Los Albertos, a un mes de librarse de la cárcel por prescripción de la pena en el ‘caso Urbanor’
Los Albertos, a un mes de librarse de la cárcel por prescripción de la pena en el ‘caso Urbanor’

El 14 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo dictó sentencia firme contra Alberto Alcocer y Alberto Cortina por el ‘caso Urbanor’: tres años y cuatro meses de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental. Ante esta tesitura los primos pidieron recurso de amparo al Tribunal Constitucional alegando que estos delitos habían prescrito. El Alto Tribunal aún no ha resuelto este recurso y este retraso puede traer a los condenados más de una alegría: si el Constitucional no se pronuncia antes del 14 de marzo de este año, las penas prescribirán automáticamente. Es decir, ‘los Albertos’ se librarán de la cárcel aunque sigan con la obligación de pagar la sanción económica que asciende a casi 25 millones de euros.

Según fuentes próximas al caso consultadas por El Confidencial, los abogados de los demandantes, los accionistas minoritarios de Urbanor Pedro Sentieri y Julio San Martín, no lo tienen muy claro y mantienen la esperanza. La respuesta reside en la aplicación estricta o no del artículo 133 del Código Penal que establece que las penas impuestas por sentencia firme prescriben a los cinco años en los casos menos graves, apartado en el que se enmarca la condena contra los Albertos.

Así las cosas, el próximo 14 de marzo se cumplirá el lustro desde la existencia de sentencia firme contra Alcocer y Cortina. Aplicando el Código Penal, se librarán, por lo menos, de ingresar en prisión. “Pero existe una posibilidad de que no prescriba la pena y se encuentra en la jurisprudencia del Supremo... aunque en una sentencia muy mal redactada”, afirman las fuentes.

El Supremo confirmó en 2003 la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 29 de diciembre de 2000, por la que quedaba demostrado que los Albertos cometieron delito de estafa y falsedad documental contra los accionistas minoritarios en la venta de los terrenos de Urbanor, sitos donde hoy se levantan las torres KIO en la Plaza de Castilla de Madrid. El Grupo KIO pagó 231.000 de las antiguas pesetas por metro cuadrado a los primos mientras los socios minoritarios obtuvieron 150.000 por metro cuadrado.

El tortuoso camino de la ‘carta falsa’

Alberto Alcocer y Alberto Cortina, para intentar salvar la cara en el caso Urbanor, además de pedir el amparo al Constitucional y un fallido intento de indulto, pusieron en marcha una tortuosa maniobra que les va a costar sentarse de nuevo en el banquillo por presunta falsedad de documento privado y estafa procesal. Se trata de la conocida como ‘carta falsa’ cuyo contenido revelaba la supuesta confabulación de los socios minoritarios para incriminar a los Albertos puesto que reconocían tener conocimiento de los dos precios de la venta de terrenos.

Dicha misiva apareció casualmente 26 días después de conocer la condena contra los primos y después de que éstos contrataran los servicios de Capital Inmobiliario Colón para “investigar, localizar y obtener material probatorio” que desestimara la sentencia del Supremo. Por todo ello, Cortina y Alcocer se enfrentan a un nuevo procedimiento por intentar ‘colar’ un documento privado falso como prueba en un juicio.

El 14 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo dictó sentencia firme contra Alberto Alcocer y Alberto Cortina por el ‘caso Urbanor’: tres años y cuatro meses de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental. Ante esta tesitura los primos pidieron recurso de amparo al Tribunal Constitucional alegando que estos delitos habían prescrito. El Alto Tribunal aún no ha resuelto este recurso y este retraso puede traer a los condenados más de una alegría: si el Constitucional no se pronuncia antes del 14 de marzo de este año, las penas prescribirán automáticamente. Es decir, ‘los Albertos’ se librarán de la cárcel aunque sigan con la obligación de pagar la sanción económica que asciende a casi 25 millones de euros.