Los independentistas catalanes ponen cifras a sus reivindicaciones

Los independentistas catalanes han puesto ya números a sus reivindicaciones en un documento que especifica sus principales objetivos de cara a las elecciones generales de marzo próximo. El principal de estos objetivos es un nuevo sistema de financiación. “Esta nueva financiación –dice el escrito- afecta a áreas esenciales para el autogobierno como la sanidad, la enseñanza, las políticas sociales o el orden público”.

Los mecanismos de financiación se fijan, en la actualidad, cada cinco años. Y Esquerra quiere que en dos períodos se equipare el déficit fiscal de Cataluña con el Estado “al de territorios de renta similar en otros estados de la UE. En tres períodos, hemos de disponer de una capacidad financiera a los obtenidos en aplicación de los sistemas de concierto económico”. Esta exigencia se complementa con la obligación de hacer públicas las balanzas fiscales anualmente, la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria (“para vincular el esfuerzo de cada comunidad autónoma al reparto horizontal de los topes de endeudamiento: quien paga más, tiene límites más altos”) y la creación de la Oficina Presupuestaria en el Congreso.

6.000 millones para trenes

La segunda prioridad de los independentistas es el traspaso de las infraestructuras, especialmente de Renfe, aunque especifican que ésta ha de hacerse “juntamente con la inversión necesaria, cuantificada en un mínimo de 6.000 millones de euros hasta el año 2020, de acuerdo con el plan de infraestructuras del Estado aprobado el 2005”.

Paralelamente, reclaman el traspaso “de los aeropuertos de interés general” y crear un consorcio para el aeropuerto del Prat. También exigen la priorización del Eje Mediterráneo de infraestructuras viarias para el tránsito de pasajeros y mercancías, la revisión del método de cálculo de las inversiones previsto en el Estatuto (“para superar interpretaciones restrictivas”) y la creación urgente de “un fondo para la homogeneización de peajes, el rescate selectivo y la subvención de peaje con cargo a la fiscalidad de los mismos peajes (IVA e Impuesto de Sociedades)”.

En un tercer nivel se sitúa el cambio en las políticas económicas como la exigencia de transferir los recursos necesarios para impulsar las TIC en las empresas o la reforma del Impuesto de Sociedades para situarlo en un tipo fijo del 20% para pymes con facturación inferior a 3 millones de euros.

Esquerra también pide en otro punto la transferencia completa de todos los servicios relacionados con las políticas sanitarias y sociales que están en manos del Estado, el despliegue de la ley estatal de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia revisando los criterios para su financiación, el incremento de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. Asimismo, reclama la ampliación de los permisos por nacimiento de un hijo a seis meses y elevar el salario mínimo interprofesional al mínimo del 60% del salario medio neto del Estado. También exige el incremento de las asignaciones a los gobiernos autonómicos en materia de educación, aunque no cuantifica esta partida.

Derogación de la ley de partidos

El quinto eje de su estrategia pide reformar la ley de extranjería, mientras que el sexto aboga por “asegurar las libertades democráticas” con la derogación de la Ley de Partidos Políticos, la modificación de la Ley de la Memoria Histórica para permitir la revisión de los procesos judiciales e impulsar el retorno íntegro de los papeles de Salamanca.

El séptimo punto trata de que la Generalitat pueda tener plenas competencias en planificación energética, el abandono de la creación de nuevas centrales nucleares, la obtención de la gestión de todo el litoral y cuencas hidrográficas y una moratoria de cinco años en el cultivo de transgénicos.