El Congreso teme que Explosivos Alaveses se valga de sus socios para burlar la nueva ley de armamento

Explosivos Alaveses, Expal, el cuarto fabricante del mundo de material explosivo y munición avanzada, entre la que figuran granadas de mortero, minas anticarro y grandes bombas penetradoras de aviación, que estallan después de atravesar el hormigón de los edificios, se encuentra en el punto de mira del Congreso y puede ser eliminada del registro especial de exportadores de armamento.

Ha sido el histórico diputado Luis Mardones, de Coalición Canaria, quien ha dado la voz de alarma sobre el riesgo de que algunas grandes empresas del armamento burlen la ley del comercio exterior de material de defensa y doble uso, que tramita el Congreso, a través de sociedades coyunturales en terceros países y de operaciones fiscalmente opacas y en mercados desregulados.

Según las fuentes consultadas, Explosivos Alaveses ha sido colocada en el punto de mira de los ponentes de la ley, pendiente de debate en comisión, por tener todas las papeletas para incurrir en prácticas para burlar los controles y mantener su cuota de mercado. Esta atención especial se produce porque Expal se halla controlada por el grupo inversor holandés Pallas Invest, con sede en el paraíso fiscal de Curaçao (Nuevas Antillas). En febrero pasado, un grupo de ejecutivos, Vista Desarrollo -fabricante de juguetes y de sistemas técnicos para la ITV- e Inversiones Ibersuizas adquirieron un paquete significativo de acciones de la misma.

Un militar en la presidencia

Se da la circunstancia de que Expal, que históricamente ha vendido bombas y munición a Israel y a los países árabes, incluido Iraq, se encuentra presidida desde febrero pasado por el almirante Francisco Torrente, quien cesó un mes antes a petición propia como Secretario General de Política de Defensa (Segenpol). Aunque la ley de incompatibilidades le obligaba a abstenerse durante dos años de participar en materias relacionadas con su anterior cometido en la Administración, ya que tenía rango de Secretario de Estado, un informe jurídico del Ministerio de Defensa le autorizó a asumir la presidencia de dicha sociedad.

En todo caso, para evitar que los exportadores de armamento burlen los controles de la nueva ley, IU y ERC han presentado enmiendas reclamando la creación en el Congreso de una comisión de seguimiento de las operaciones de exportación. Y, por su parte, el diputado Mardones ha pedido que sea prohibida la inscripción en el registro especial de operadores de comercio exterior de material de defensa de cualquier titular que se encuentre establecido de forma directa o a través de grupos holding y sociedades filiales, participadas o interpuestas, en paraísos fiscales o mercados financieros desregulados, como es el caso de los propietarios de Expal.

Otras medidas solicitadas por varios grupos son la ampliación de las medidas de control a las operaciones comerciales, donaciones y cesiones de armamento entre gobiernos y que se inscriba de oficio a los ejércitos y policías, incluidas las autonómicas y locales, en el registro especial creado en 2004.