Los militares no esperaban bombas a distancia sino ataques suicidas en Líbano

El Estado Mayor de la Defensa ha apelado a los informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de la misión de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) para demostrar que los mandos han tenido en cuenta las necesidades de protección de los soldados españoles. Según el Estado Mayor, del que es responsable el general Félix Sanz Roldán, “los informes de los servicios de inteligencia establecieron que existía la posibilidad de ataque terrorista pero que el riesgo relativo al uso de artefactos explosivos improvisados no era significativo. En caso de darse alguno, estos servicios de inteligencia coincidieron al afirmar que estaría basado en ataques suicidas más que en activación a distancia”.

Contingentes sin inhibidores

De acuerdo con estas informaciones ninguno de los países que han desplegado contingentes en Líbano a través de UNIFIL ha dotado de inhibidores a sus Fuerzas. La comunicación oficial recibida ayer desde el Cuartel General de UNIFIL cita a Francia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portugal, Bélgica, Ghana, India, Indonesia y Nepal como contingentes que no disponen de inhibidores instalados en sus vehículos. Esta comunicación añade que no existe evidencia alguna de que otros contingentes de menor tamaño los estén utilizando.

Prioridad, Afganistán

Los mandos militares explican que la prioridad de dotar de inhibidores a los vehículos que operan en Afganistán viene dada por el riesgo que hay allí sobre el contingente español, ya que en el último año los artefactos explosivos han producido más del 50% de las bajas de las fuerzas internacionales desplegadas por la OTAN en el país asiático (ISAF). En este tiempo, han explosionado allí más de 700 bombas improvisadas (de las cuales el 60% fueron activadas a distancia) y se han desactivado otros 300 artefactos.

Por el contrario, en el Líbano no se había empleado nunca este tipo de artefactos contra Fuerzas de UNIFIL ni contra el ejército de Israel durante el conflicto del pasado verano. Sin embargo, el general Sanz Roldán, ordenó el 7 de noviembre de 2006 “dotar cuanto antes a los vehículos desplegados en zona de operaciones de medios contra explosivos improvisados, al objeto de aumentar la seguridad de los diferentes contingentes”. La orden fue dada seis días después de que el contingente relevara a los infantes de marina y se hiciera cargo de la misión en el sur del país, aunque según el Estado Mayor, los informes de inteligencia consideraban el nivel de riesgo como “no significativo”.

Ocho meses de espera

La orden de adquirir 70 inhibidores modelo PAGM2 correspondientes a ocho tipos de vehículos diferentes se remitió al Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Carlos Villar Turrau, responsable de la adquisición del material y de la instalación, y éste a su división de logística con fecha 15 de noviembre de 2006.

Para agilizar los trámites y recibir el material a la mayor brevedad se optó para su adquisición por un Procedimiento Negociado sin Publicidad, uno de los contemplados en la legislación vigente, y se anticiparon los recursos financieros necesarios en concepto de señal (un millón de euros). Los primeros equipos se recibieron el 29 de mayo y se destinaron a Afganistán.