Los jueces Marlaska y Pedraz hacen un roto a la estrategia judicial del Gobierno

Todo apunta a que el Gobierno tiene más de una piedra en el zapato en la Audiencia Nacional. Las últimas actuaciones de los jueces de instrucción Fernando Grande-Marlaska y Santiago Pedraz, en el 'caso Otegi' o ‘caso Couso’, como ejemplos más destacados, han dejado en evidencia al Ministerio Fiscal, encabezado por Cándido Conde-Pumpido, puesto que ambos magistrados han desoído sus indicaciones e, incluso, le han dado algún que otro tirón de orejas.

El pasado viernes, Grande-Marlaska reabrió la causa contra el líder de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo, sobreseído el pasado marzo, después de contar con más pruebas (ver noticia). Concretamente, una grabación de la cadena Antena 3 Televisión del acto donde Otegi profirió loas de carácter pro etarra. Para el Ministerio Fiscal, esa misma prueba no era suficiente reabrir el caso e intentó parar al citado juez el pasado martes. Su recomendación no surtió efecto.

Menos suerte tuvo el citado magistrado cuando, días antes de las elecciones y después de que Batasuna pidiera el voto para ANV, aprovechara la denuncia de estos hechos por parte de la asociación Dignidad y Justicia para intentar retomar el caso de la ilegalización parcial de ANV, en manos hasta el momento de Baltasar Garzón. Grande-Marlaska pidió al decano de la Audiencia Nacional Ismael Moreno encargarse de la causa o que el decano la enviase a reparto.

Ese mismo día, 16 de mayo de 2007, el decano optó por la segunda vía, así la estimación o sobreseimiento del caso ANV podría caer en suerte de cualquiera de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, incluido a él mismo. Pero a la mañana siguiente, Moreno cambió de opinión y se la otorgó directamente a Garzón (ver noticia). Misterios procesales.

Otros polémicos asuntos

Fernando Grande-Marlaska se mostró bastante prolífico el viernes puesto que también aprovechó para zanjar el ‘caso Yak-42’, buque insignia de la política del socialista José Bono cuando estuvo al cargo de la cartera de Defensa. El juez ordenó el sobreseimiento de la denuncia interpuesta por las familias de los 62 soldados muertos en el trágico accidente contra las autoridades del Ministerio de Defensa, por entonces el popular Federico Trillo y compañía, por irregularidades en la contratación del avión de transporte siniestrado.

Según el magistrado, no existe “indicio alguno racional de criminalidad por parte de funcionario español” porque el avión era “apto para volar”. No obstante, abrió la vía para que los familiares reclamen una indemnización al Estado.

Por su parte, el también juez de instrucción de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no tuvo pelos en la lengua cuando comunicó al Ministerio Fiscal que seguía adelante con el ‘caso Couso’ y que le resultaba paradójico su cambio de actitud, refiriéndose al recurso del Ministerio Público con el que pretendía ‘enterrar’ días antes el enjuiciamiento de tres militares estadounidenses por la muerte del cámara español en la capital iraquí.