Denuncian el enriquecimiento ilícito de Matutes en la compra de una finca recalificada

La Plataforma Antiautopistas de Ibiza denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción al empresario Abel Matutes por enriquecimiento ilícito tras comprobar que compró una finca rústica que fue recalificada a urbana por el Plan Territorial (PTI) y expropiada después a un precio 15 veces mayor del que pagó.

La portavoz de la organización contraria a los proyectos viarios del Govern y el Consell pitiuso, Fany Tur, explicó este jueves en rueda de prensa que el Grupo Matutes ha cobrado 1,7 millones de euros del Govern en concepto de indemnización por la expropiación de 1,1 hectáreas de terrenos para la construcción de la carretera al aeropuerto.

Las empresas del ex ministro de Exteriores del PP compraron, un mes después de que se hiciera público el proyecto de construcción de la autovía, las 9,8 hectáreas que componen la finca de Can Bonafé, entonces suelo rústico, a un precio de 9,8 euros el metro cuadrado.

Estela Matutes, hija del ex ministro, no se abstuvo de votar a favor

Paralelamente, el Consell tramitaba el PTI, en la que se admitió una alegación del Grupo Matutes para otorgar a la finca la categoría de suelo urbanizable. "Estela Matutes (hija del empresario y responsable insular de carreteras), siendo miembro del consejo de administración de alguna de las empresas del Grupo Matutes, no se abstuvo de votar a favor, ni en la aprobación inicial del Plan Territorial ni en la definitiva, en marzo de 2005", recordó la portavoz de la Plataforma Antiautovías.

Relató que, meses después de este cambio de calificación urbanística, el Govern balear expropió al Grupo Matutes 1,1 hectáreas de la finca que pagó a 150 euros el metro cuadrado, lo que habría reportado a las empresas del ex ministro un beneficio de 1,7 millones de euros.

La Plataforma anunció que presentará una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción debido a la gravedad de los hechos e instó a los partidos de la oposición a que presenten una querella criminal contra los responsables de esta operación.

Podría ser un delito de información privilegiada

Para los denunciantes la actuación de Matutes podría ser constitutiva de delitos de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a cargos públicos.

En su defensa, el Grupo Matutes emitió un comunicado en el que afirma: "Es falso y absurdo insinuar que nos hemos lucrado de la expropiación de la finca, ya que el plan parcial la ha dividido en dos con la consiguiente pérdida de valor y superficie".

Desmiente que la alegación interpuesta por Matutes y recogida en el PTI cambiase la calificación del suelo de la finca del que dicen ya estaba calificado como urbanizable.