Muñoz otorgó una licencia a la sociedad Yambali 2000 S.L. pese a dos informes negativos

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz Palomo, otorgó el 12 de febrero de 2003, una licencia de obras a la sociedad Yambali 2.000 S.L. para la construcción de 114 viviendas, oficinas y locales comerciales con dos informes negativos. Tal y como informara el martes este periódico, Yambali (adquirida en 2002 por una sociedad suiza, Lispaag S.G, conformada en un 15% por el último detenido en la operación Malaya, Florencio San Agapito; el presunto cerebro de la trama corruptiva, Juan Antonio Roca; el ex teniente de alcalde marbellí, Pedro Román, y el abogado de origen alemán, Juan German Hoffmán) firmó un convenio urbanístico el 16 de octubre de 2001 con el entonces regidor accidental de Marbella. En este convenio, el Consistorio quedaba comprometido a cambiar la calificación de un suelo y determinaba como nuevas condiciones urbanísticas una edificabilidad total de 11.416 metros cuadrados con una altura máxima de planta baja más siete.

Un acuerdo que fue suscrito por Hoffmann (por entonces administrador único de Yambali 2000, propiedad de un sirio de nacionalidad alemana) y en el que, según el vocal de Urbanismo de la Gestora, Rafael Duarte, se hablaba de “modificar” las características urbanísticas de una determinada parcela que se encuentra situada “en la parte de atrás” del centro comercial Cristamar. Un terreno que, según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial, cuenta con una superficie de 2.950 metros cuadrados y una edificabilidad de 532 metros, estando destinado a un uso “comercial” y formando parte, inicialmente, del mencionado conjunto inmobiliario.

Según Duarte, dicho convenio se rubrica a cambio de entregar “unas determinadas cantidades de dinero”. Unas palabras que hacen alusión a las transferencias de aprovechamientos en relación a este inmueble y que, según el convenio, los servicios técnicos municipales valoraron en 240 millones de las antiguas pesetas, ya que los 2.400 metros cuadrados de la finca que eran “apropiables” por el Ayuntamiento –dada la edificabilidad máxima antes descrita- en “ningún caso, dada su ubicación y circunstancias”, eran de interés para el Consistorio por no ser el uso de este inmueble “adecuado a los fines de la constitución del Patrimonio Municipal del Suelo”.

Así, el Ayuntamiento marbellí se comprometió en 2001 a incorporar en el “expediente de modificaciones no sustanciales” de la revisión del Plan General de Ordenación Urbano de la ciudad los parámetros urbanísticos antes mencionados (con el consiguiente aumento de edificabilidad) por 40 millones de pesetas “en el momento de la firma” del documento o convenio y los 200 millones restantes una vez que se hubiera producido el “otorgamiento de la oportuna” licencia de obras.

Los informes negativos

Según Duarte, desde el Ayuntamiento se tramita un expediente administrativo donde todos los informes resultan ser “absolutamente” negativos. “Se utiliza el doble informe que se hacía siempre con arreglo al PGOU vigente y conforme a la revisión del mismo y, en este caso, se ve que era claramente negativo porque, ni incluso en la revisión que se estaba tramitando en ese momento, venía amparado dicho proyecto”, explicó el actual comisionado de Urbanismo.